El 30 de diciembre de 2011 será una fecha que se recordará durante toda esta legislatura. En su segundo Consejo de Ministros, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobará un decreto ley de medidas económicas de choque.
Según el diario El Mundo, se aprobarán la revalorización de las pensiones para garantizar su poder adquisitivo a partir del 1 de enero y la congelación de los sueldos de 600.000 funcionarios, durante el primer trimestre del ejercicio, que se da por hecha al haberse prorrogado los Presupuestos Generales del Estado de 2011 hasta marzo. Según sus cuentas, La medida supondría un ahorro que la Intervención General del Estado cifra en 1.126 millones de euros. Estos 600.000 funcionarios ya vimos nuestros sueldos recortados en un 5% de media por las medidas de ajuste de Zapatero en mayo de 2010, mientras que en 2011 también sufrimos la congelación de los salarios.
Respecto a la Reforma Laboral, según ABC, Rajoy "sopesa eliminar la autorización previa en los despidos colectivos". Además, el nuevo Gobierno quiere aclarar las causas de despido objetivo (el que da derecho a 20 días de indemnización por año trabajado), con el objetivo de evitar que la gran mayoría de despidos por causas económicas acabe en los tribunales (lo que supone un coste añadido, puesto que además casi siempre acaban dando la razón al trabajador).
En teoría, el recorte debe ser de 16.500 millones (si se cumple la previsión oficial del equipo de Elena Salgado de que el déficit este año será del 6% del PIB); en la práctica, el agujero podría estar cerca de los 40.000 millones.
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