Otro día más, nos encontramos con recortes y tijeretazos a nuestros derechos como empleados y empleadas públicos. En esta ocasión le ha tocado el turno a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La Presidenta Cospedal anunció, el pasado 2 de diciembre, un paquete de medidas de ahorro y recortes, el segundo tras su toma de posesión el pasado mes de junio, y al que pomposamente titula “Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos”
Entre las medidas “estrella” destaca, por su relevancia, el recorte del 3% del sueldo de los EE.PP, así como la ampliación de la jornada laboral de 35 a 37 horas y media semanales. Igualmente, Cospedal apuesta por la gestión privada en la construcción y gestión de los hospitales públicos.
Es en Sanidad dónde los trabajadoras y trabajadoras salen peor parados con el nuevo tijeretazo a sus derechos: deberán presentar la baja el primer día de enfermedad (además de ver minorado su complemento de IT), se suprimen las jubilaciones anticipadas, se congelan los importes de los complementos por carrera profesional y se prohíbe el abono de horas extraordinarias.
En una cinematográfica frase, “el sudor de hoy alejará las lágrimas de mañana”, la Sra. Cospedal manifestó que los nuevos recortes aumentarán en 350 millones de euros el ahorro inicial, fijado en 1.850 millones.
La reducción salarial consistirá en la reducción del 10% del complemento especifico, lo que supone, en promedio, un 3 % de rebaja salarial para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la Junta.
Otras medidas también aprobadas son el fin de la gratuidad de los libros de textos, la ampliación de la enseñanza concertada, la reducción de las aportaciones económicas que la Junta realiza a la Universidad de Castilla-La Mancha y a la televisión autonómica, así como la supresión de la ayuda a la cooperación internacional, la revisión de las condiciones para la utilización gratuita del transporte urbano y la revisión del baremo de aplicación de la Ley de Dependencia.
En relación a la privatización de la gestión de los hospitales públicos, en breve se aplicará esta medida a los hospitales de Almansa, Tomelloso, Villarrobledo y Manzanares, así como en la construcción de los nuevos hospitales de Toledo, Cuenca y Guadalajara.
El resto de obra pública proyectada se paralizará y se subastarán los coches oficiales existentes en la actualidad, que serán sustituidos por vehículos alquilados de gama media, limitándose la dieta por comida de los altos cargos a 18€ y suprimiéndose igualmente la paga extra de navidad de los consejeros y consejeras del Gobierno regional.
También el colectivo de empleados forestales, que ronda los 2000 trabajadores, se verá afectado, al convertirse sus contratos en contratos fijos discontinuos de 8 meses.
Desde FEP-USO insistimos una y otra vez, y hasta la saciedad, que los empleados y empleadas públicos no podemos seguir siendo los paganos de la crisis económica.
La mala gestión de nuestros políticos no puede condenarnos de por vida a sufrir reducciones salariales una y otra vez, o en el mejor de los escenarios, congelaciones que se perpetúan en el tiempo y que nos han llevado a una importante pérdida de poder adquisitivo en los últimos tiempos y que ronda ya el 20% en los últimos dos años.
La USO apuesta fuertemente por una reforma en profundidad de la Administración, y creemos firmemente que la crisis nos brinda una oportunidad para poner negro sobre blanco y debatir seriamente sobre el tipo de administración que debemos construir entre todos para dar cobertura a unos servicios públicos de calidad.
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