CEOE avisa: el mercado impondría una reforma laboral a la portuguesa

En CEOE ha calado hondo el mensaje que transmitió el miércoles David Taguas, a la Junta Directiva. "El árbitro hoy no es el Gobierno, sino los mercados", dijo el presidente de la patronal de las grandes constructoras, SEOPAN, consciente de que si no hay acuerdo entre los agentes sociales para hacer una reforma profunda de la negociación colectiva, el Gobierno tendrá que legislar, no de acuerdo a sus convicciones, sino conforme a los dictados de la UE y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por eso, desde la cúpula de la patronal han remitido a CCOO y UGT el documento de Reforma del Mercado Laboral en Portugal, impuesto por las instituciones de la Unión Europea al país vecino, con objeto de "hacer recapacitar a los sindicatos sobre lo que nos espera" si no aceptan cambios sustanciales en materias como la reducción al mínimo de la ultraactividad (la norma que permite mantener la vigencia de convenios que no han sido renovados), la liberalización del descuelgue o la lucha contra el absentismo laboral.

Una reforma, la de Portugal, que el sector más duro de CEOE asegura que puede ser el anticipo de lo que harán los mercados en España si las reformas laborales no se ajustan a las peticiones de Bruselas, Berlín y Washington, y que supone un durísimo recorte de las prestaciones por desempleo, las indemnizaciones por despido y el poder de las centrales sindicales.

En materia de prestaciones por desempleo, la reforma impuesta por la UE obliga al gobierno de Lisboa a preparar para el cuarto trimestre de este año un plan de acción para reducir la duración máxima de las prestaciones por desempleo a no más de 18 meses. También se limitan las prestaciones por desempleo hasta 2,5 veces el índice de apoyo social, y se recorta el período mínimo de contribución necesario para poder acceder al seguro de prestaciones de 15 a 12 meses.

Despido más fácil y barato

Previamente, para el tercer trimestre, el Ejecutivo luso deberá llevar a cabo una reforma de las indemnizaciones por despido que para los nuevos contratos indefinidos se reducirán de 30 a sólo 10 días por año trabajado, con 10 días adicionales que abonará un fondo financiado por los empresarios.

Para los contratos de duración determinada la indemnización por despido se limita también a 10 días por año, frente a los 36 aplicados actualmente.

Se amplían, en la misma línea, las causas de despido mediante la obligación de permitir los despidos individuales vinculados "a la ineptitud o incompetencia del trabajador", incluso sin requerir la introducción de nuevas tecnologías u otros cambios para el puesto de trabajo. Estos despidos no deberán estar sujetos a la obligación de intentar una reubicación en un puesto de trabajo más adecuado.

Además, los despidos individuales vinculados a la extinción del puesto de trabajo no deberán seguir necesariamente un orden predefinido de antigüedad.

Obliga también Bruselas al Gobierno portugués a acometer reformas que permitan flexibilizar los requisitos que tienen que cumplir los empresarios para modificar los acuerdos sobre el tiempo de trabajo y los regímenes de reducción de la jornada laboral.

Y, en materia de horas extraordinarias, los complementos salariales mínimos se reducirán hasta un máximo del 50 por ciento y se elimina la compensación del tiempo de descanso adicional. Obliga también la Unión Europea a que el Ejecutivo portugués promueva los ajustes salariales en línea con la productividad a nivel de las propias empresas.

Paralelamente, y mientras dure el periodo de ajuste, "no tendrá lugar ningún aumento del salario mínimo a menos que esté justificado por el desarrollo de la economía y del mercado de trabajo".

Y, como colofón, la reforma impuesta limita sensiblemente el poder de los sindicatos, al promover la inclusión, en los convenios colectivos sectoriales, de condiciones bajo las cuales los comités de empresa pueden concluir un acuerdo a nivel de de empresa sin la delegación de las centrales sindicales.

Al mismo tiempo, y en el primer trimestre del año próximo, el Gobierno deberá presentar una propuesta para disminuir el umbral del tamaño de las empresas, por debajo de los 250 trabajadores, para que los comités de empresa puedan concluir acuerdos.

José María Triper

AGE: Convocada OEP 2011

En BOE de 26 de mayo se publica Orden TAP/1368/2011, de 19 de mayo, por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso o el acceso en Cuerpos de la Administración General del Estado y se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el formulario de solicitud (modelo 790) que será facilitado gratuitamente en internet en la página web www.060.es(Trabajo – Modelo 790).

· El plazo de presentación será de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el BOE.

· La solicitud se dirigirá al Director del Instituto Nacional de Administración Pública.

Los procesos selectivos previstos en esta Orden se rigen por la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado («Boletín Oficial del Estado» núm.284, de 27 de noviembre de 2007), modificada por la Orden PRE/2061/2009, de 23 de julio («Boletín Oficial del Estado» núm.183, de 30 de julio de 2009).

· Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:

· Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.

· Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de convocatoria, en los términos previstos en el apartado duodécimo 5 b) de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre.

Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de la Familia Numerosa («BOE» de 19 de noviembre).De esta forma, tendrán derecho a una exención del 100% de la tasa los miembros de familias de categoría especial y a una bonificación del 50% los miembros de las familias de la categoría general.

Desde USO, como ya explicamos en su momento, creemos que esta Oferta de Empleo Público 2011, sin criterios y sin ideas, es una nueva tomadura de pelo, de un Gobierno sin ideas ni propuestas. Que incumple sus propios acuerdos, y que no tiene en cuenta las necesidades de personal en la AGE, con una media de edad muy alta, y con algunas carencias muy graves en algunos Organismos (IIPP. SPEE, Extranjería, etc.).

http://www.fep-uso.es/attachments/2029_BOE-A-2011-9159.pdf

Segunda reforma: el Gobierno cambiará los tipos de contratos

■Las empresas podrán despedir con una indemnización de 20 días por año

El Gobierno inicia hoy las reuniones con los agentes sociales para realizar la segunda reforma laboral. Exactamente, las líneas rojas que se dejaron fuera en la reforma del mercado laboral aprobada en septiembre. Así que, ocho meses después, el Gobierno, presionado por los empresarios y los sindicatos, ha decidido simplificar todo el sistema de contratación español y darle una vuelta a las indemnizaciones por despido.

No se ha marcado ningún límite, ni siquiera el intocable despido improcedente de 45 días por año. El objetivo es hacer los contratos más simples, prácticos y atractivos para facilitar a las empresas la creación de empleo. Y, por supuesto, evitar que el miedo a despedir se convierta en miedo a contratar.

Serán 20 días por despido

De hecho, en la anterior reforma laboral ya se intentó rebajar el coste del despido, aunque el temor del Gobierno a perder el apoyo sindical frenó de forma considerable esta iniciativa. Aún así, en los Expedientes de Regulación de Empleo, se ampliaron las causas objetivas por despido, cuya indemnización se sitúa en los 20 días por año con 12 mensualidades.

De esta forma, en las causas económicas, se introdujo que si la empresa prevé "pérdidas futuras", podrá despedir por sólo 20 días por año. Esto abría el despido objetivo a muchas más empresas, ya que hasta ahora, la empresa tenía que acreditar que había sufrido pérdidas durante varios meses.

A pesar de que el Ministerio de Trabajo intentara limitar las pérdidas futuras, exigiendo que nunca deberían ser "coyunturales", sino estructurales, el Consejo de Estado le ha quitado la razón al Gobierno y ha determinado que la maniobra de Valeriano Gómez, ministro de Trabajo, es ilegal. La previsión es que en el mes de junio el Consejo de Ministros apruebe el nuevo reglamento de los ERE, que contempla como causa de despido "las pérdidas futuras coyunturales", lo que abarataría de forma considerable el despido en España, según anunció ayer el director general de Trabajo, Raúl Riesco, en el seminario organizado por Forelab.

Más simple y más barato

De todas formas, todavía no es suficiente para los empresarios. En la reforma de la negociación colectiva, los agentes sociales debatieron el problema de desempleo que sufría España y el alto grado de paro juvenil, cuya tasa ya alcanza el 45%.

Con este escenario, las organizaciones sindicales rebajaron sus exigencias y aceptaron abrir una nueva mesa de diálogo sobre los sis- temas de contratación.

Aunque hoy será cuando se decidan exactamente las materias a debatir y el calendario en el que se realizarán los encuentros, los agentes sociales ya consensuaron, en las conversaciones de la reforma de la negociación colectiva, que el contrato a tiempo parcial se debe reformar por completo.

Este contrato siempre ha tenido la objeción sindical, porque lo consideran una herramienta de fraude, ya que los empresarios pueden contratar a tiempo parcial y que luego los trabajadores cumplan con la jornada completa. Pero los empresarios exigen que se liberalicen las horas extraordinarias para que las empresas puedan ir ajustando la plantilla a sus picos de producción.

El segundo gran tema que se debe debatir es el desempleo juvenil y la creación de un nuevo contrato específico para jóvenes. La propuesta de los empresarios es un contrato para jóvenes menores de 35 años con una duración limitada a tres años y con un sueldo que parta del salario mínimo interprofesional (641 euros, mensuales) y que se acomode, de forma gradual, a las condiciones del convenio. Además, sí que tendría cobertura, al menos, de desempleo.

Pero hay más materias que debatir: el contrato fijo discontinuo, el temporal y, por supuesto, la indemnización por despido improcedente de 45 días por año.

Para crear empleo

La revisión de todos los tipos de contratos servirá para agilizar la creación de empleo, sobre todo cuando la economía empiece a crecer.

A este respecto, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aseguró ayer en el Congreso que en lo que va de año la economía ha logrado recuperar "sobradamente" el empleo perdido en enero y febrero, al calcular que la Seguridad Social cuenta ahora con 150.000 cotizantes más que en enero.

elEconomísta.es

Es nulo el despido si el comité de empresa no recibe la carta

■El Supremo exige que se entregue copia de la misiva dada al empleado

No entregar una copia de la carta de despido a los representantes de los trabajadores de la empresa supone que el despido sea considerado nulo, según establece la nueva doctrina establecida por el Pleno de la Sala de lo Social, del Tribunal Supremo, recogida en una sentencia del 7 de marzo de 2011.

La decisión motivó que el ponente, el magistrado Martín Valverde, mostrase su desacuerdo con la tesis mayoritaria de la Sala y que formulase un voto particular, por lo que se ha encomendado la redacción de la ponencia a la magistrada Segoviano Astaburuaga.

Hasta ahora, tal y como mantenían las sentencias de Instancia y del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, anuladas por el Supremo, se consideraba que el incumplimiento del preaviso no es determinante de la nulidad, según regula el artículo 122.3 de la Ley de Procedimiento Laboral en relación con el artículo 53.4 del Estatuto de los Trabajadores (ET), lo que suponía que si no hay nulidad por omisión del preaviso, tampoco puede haberla por omisión de la entrega de una copia de esta decisión a los representantes de los trabajadores.

Además, en el artículo 122.2 de la Ley de Procedimiento Laboral no hay una referencia específica al incumplimiento del preaviso y de la entrega de la copia de éste a los representantes de los trabajadores.

Sin embargo, el Pleno de la Sala de lo Social del TS, considera que esto no es así, porque la obligación de entregar la copia no se refiere a la concesión del preaviso, sino a la comunicación del cese.

Error de redacción en la ley

Los magistrados basan su decisión en una anterior sentencia de la Sala, de 18 de abril de 2007, en la que se señala que hay un error en la redacción del artículo 53.1, pues la copia que ha de facilitarse a los representantes de los trabajadores no es la del preaviso, que no es en sí mismo una comunicación del despido, sino una parte del contenido de la comunicación del cese.

Por tanto, señala la sentencia citada, que la exigencia de información a los representantes sindicales del artículo 53.1.c) del ET no se refiere realmente al preaviso, sino a la comunicación del despido del apartado a) de este número; "comunicación en la que debe exponerse la causa de la decisión extintiva y en la que normalmente, aparte de esta mención preceptiva de la causa, deben contenerse también las referencias a la concesión del preaviso y a la puesta a disposición de la indemnización, si bien el preaviso podría no incluirse en la comunicación", añade el texto.

El Pleno determina, por tanto, que el precepto exige dar copia del escrito de preaviso de la carta de despido, a los representantes de los trabajadores, lo que supone la entrega de una reproducción de la carta de despido entregada al trabajador, no simplemente informar a los representantes de los trabajadores, sino en facilitar la información de una determinada forma, mediante la entrega de copia de la carta de despido.

La Sala considera irrelevante que se haya efectuado una comunicación verbal al comité de empresa a través de un empleado, pues lo relevante es que en ninguno de los dos supuestos se ha entregado copia escrita a los representantes de los trabajadores.

También tacha como irrelevante que el trabajador sea miembro del Comité de empresa, pues la obligación de entregar copia de la comunicación a los representantes de los trabajadores es independiente del hecho de que el trabajador despedido sea o no miembro de él.

Examen del comité

Aunque no existiera esa precisión, el Pleno afirma que, la comunicación requeriría la entrega de copia para poder cumplir las precisiones del apartado 6 del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, para que los representantes puedan proceder al examen adecuado de la carta, las causas alegadas, en su caso, número de trabajadores afectados, finalidad que no se conseguiría mediante una mera información verbal.

En el voto particular, Martín Valverde opina que la entrega de copia del escrito de preaviso es el medio que prevé la Ley para dar noticia a los representantes de los trabajadores del despido por causas empresariales y no, como estima la mayoría, la carta de la copia de despido entregada al empleado.

Acto simbólico mañana contra la Reforma de las pensiones .

Coincidiendo con la votación de las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Pensiones, el sindicato USO protagonizará mañana, 26 de mayo a las 11.00 horas frente al Congreso de los Diputados un acto simbólico de protesta y concienciación contra el ajuste más duro del sistema de pensiones de nuestra democracia. Acto que se enmarca dentro de las diferentes acciones “contra el Pensionazo” que ha planificado el sindicato, que incluyen campañas informativas, rondas institucionales y movilizaciones.

Para USO el documento es un compendio de medidas desproporcionadas e ineficaces, por lo que espera que el trámite parlamentario consiga eliminar las nefastas consecuencias que tendría sobre los trabajadores, que no son responsables de la crisis, y por ello traslada su protesta a la puerta del hemiciclo. El sindicato se opone a que 67 años sea la edad obligatoria para acceder al 100% de la jubilación y exige que los parlamentarios y políticos sean ejemplares y solidarios con el resto de los ciudadanos a la hora de jubilarse.

Valoración de la USO de los resultados de las Elecciones Políticas del 22 de Mayo del 2011

• La USO valora positivamente la participación ciudadana, la normalidad cívica y el respeto en la asunción democrática de los resultados.

• La USO felicita a los partidos triunfantes de los comicios a la vez que reclama que hagan de los programas electorales auténticos compromisos sociales.

La Unión Sindical Obrera (USO), en una primera valoración de las Elecciones Municipales y Autonómicas en una buena parte de CC.AA., desea resaltar la absoluta normalidad cívica con que se han celebrado los comicios en todo el Estado, y valora la amplia participación del conjunto de la ciudadanía en el ejercicio del derecho del voto para la elección democrática de los representantes políticos en las instituciones locales y en su caso autonómicas del día de ayer.

A la luz de los resultados de las urnas, la USO felicita a las organizaciones políticas triunfantes de los comicios, constatando la victoria sin paliativos del Partido Popular, la irrupción débilmente de una mayor pluralidad política, y la emisión de casi un millón de votos nulos o en blanco, a la vez que les pide a todos la máxima responsabilidad y esfuerzo por llevar a cabo de forma íntegra los compromisos asumidos en sus programas electorales para con la ciudadanía que a la postre ha otorgado su voto y confianza en los mismos.

En este sentido, la USO reclama un cambio radical de las políticas antisociales llevadas a cabo muy especialmente en el último año, y espera de los diversos partidos políticos que se lleven a cabo las reformas que reclamamos en bien del conjunto de la ciudadanía, en torno a la economía, la fiscalidad, las instituciones y entidades financieras, etc., para dar el impulso necesario para orientar las políticas hacia el crecimiento económico productivo, sostenible, redistributivo y social que redunde en el deseado empleo pleno y con derechos, la salida ya de la crisis económica, la mayor conquista y desarrollo del Estado Social y de Derecho en que se basa nuestro modelo de convivencia y el logro de las mayores cotas de justicia social.

Asimismo anima y espera de las diversas opciones políticas que han logrado representantes en las instituciones locales y autonómicas para que muestren receptividad hacia las incipientes manifestaciones protagonizadas muy especialmente por jóvenes organizados en el llamado Movimiento 15 de Mayo en reivindicación de la democracia real, movimiento que ha tenido y se ha ganado un especial protagonismo en la recta final de la campaña, y que merece que el conjunto de las fuerzas políticas tome buena nota de la indignación y reivindicación pacífica y ciudadana emanada en su seno.

Concurso de méritos entre personal funcionario

El concurso de méritos entre personal funcionario convocado por el Ministerio de Defensa está pendiente de publicación en el BOE, aunque disponemos ya del listado de las plazas vacantes que se ofertarán en el mismo.

Fuentes ministeriales nos confirman que casi con toda probabilidad se publique el próximo día 24 de mayo.

http://www.fep-uso.es/attachments/2007_defensa110523.pdf

Se modifica la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS)

El Congreso de los Diputados aprobó el jueves 5 de mayo, el Dictamen de la Comisión sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas, con 305 votos a favor y 10 abstenciones. El texto, como proyecto de ley, pasará ahora al Senado. En dicho texto se modifica la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) que prohíbe el derecho a la acción sindical en los establecimientos militares.

El derecho reconocido en el apartado d) del número 1, artículo 2º, (el derecho a la actividad sindical), no podrá ser ejercido en el interior de los establecimientos militares.

La nueva redacción incluida en la Disposición Final Segunda del mencionado proyecto de ley, sobre Modificación de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. El personal civil que ejerza el derecho reconocido en el artículo 2.1.d), (el derecho a la actividad sindical) en unidades, buques y demás establecimientos militares deberá tener en cuenta y respetar el principio de neutralidad política y sindical de los miembros de las Fuerzas Armadas y ajustarse a las normas sobre actividad sindical de los empleados públicos.

El reconocimiento del derecho a la libertad sindical que los trabajadores y trabajadoras tienen regulado en la LOLS desde el año 1985, llega al Ministerio de Defensa 26 años más tarde, donde estaba, hasta ahora, prohibido este.

Condena a una empresa por excederse al controlar una baja

Un tribunal considera vulnerado el derecho a la intimidad de una trabajadora, cuyo jefe trató de sonsacar a su médico las causas por las que estaba en situación de incapacidad temporal.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ha obligado a una empresa a indemnizar a una de sus trabajadoras con 10.267 euros por haber tratado de averiguar las causas de su baja.

En primera instancia, el juez entendió que el encargado de la cafetería en la que trabajaba la empleada no violó su derecho a la intimidad cuando llamó a su médico de cabecera. Según dicha resolución, con su forma de proceder no pretendió conocer la patalogía que motivó su baja, sino simplemente saber cuánto podía durar ésta para ver si debía contratar a alguien para que la sustituyera.

La trabajadora recurrió y el Tribunal Superior de Justicia le ha dado la razón, al considerar que la actuación de su superior sí lesionó su derecho fundamental a la intimidad, reconocido en el artículo 18.2 de la Constitución, en estrecha relación con la dignidad, honor e integridad física y moral y la pohibición del acoso laboral.

La Sala no comparte la tesis del juzgado de lo Social ya que, en su opinión, el intento del empresario de obtener información de la doctrina no es “un acto interrumpido sino frustrado, pues él puso de su parte no sólo todo lo que estaba en su mano para lograrlo, sino que consiguió que la doctora se pusiera en contacto con él por medio de un engaño”.

Límites para la información sanitaria

La resolución de la Sala de lo Social recuerda que, según la jurisprudencia existente sobre esta materia, “los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador”. Además, insiste en que “la información sanitaria del trabajador no puede ser facilitada al empresario o a otras personas sin su consentimiento expreso”. (Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 15/11/10, Rº 2099/2010)

Expansión.com

Reforma de la negociación colectiva: Un nuevo paso hacia el verticalismo sindical.

Para la USO, en una primera valoración sobre los contenidos de la reforma de la negociación colectiva presentada a los Órganos de los sindicatos negociadores (UGT y CC.OO) y aprobada por los mismos, destaca la pretensión de cambiar la legitimación para la negociación de convenios colectivos de empresa.

Esta cambio que supone un vuelco radical, por pretender usurpar el derecho de negociación de los representantes unitarios (miembros de comité de empresa y delegados de personal), a favor de los sindicatos representativos (es decir, que tengan el 10% en la empresa), supone un auténtico atentado contra el derecho de libertad sindical y un nuevo paso hacia el verticalismo sindical, ansiado tanto por el Gobierno, la CEOE y las grandes centrales.

Desde la USO está previsto preparar una campaña de difusión del atropello que supondría (de firmarse en los actuales términos) el contenido actual de la reforma de negociación colectiva, en defensa de la representación unitaria y especialmente donde encontremos Delegados y Delegadas de la USO, de otros sindicatos independientes, así como representantes electos en candidaturas de grupo de trabajadores no siglados.

“POR UNA ALTERNATIVA SINDICAL INDEPENDIENTE PARTICIPA Y COLABORA

CON LA USO”

“CONTRA LOS RECORTES SOCIALES Y POR EL DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

DE LOS REPRESENTANTES EN LA EMPRESA"

LOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DAN UNA LECCIÓN

Ayer se consumó el fin del modelo del sindicalismo entreguista de UGT y CC.OO con el PSOE en la Administración General de la Junta de Andalucía. El castigo por apoyar sin reservas al gobierno de Griñán en el llamado decreto del enchufismo los ha llevado a desaparecer de la representación de la mesa sectorial de negociación de los funcionarios. UGT digirió ayer muy mal su derrota y empezó con el manido discurso de la derecha y el progresismo. Nada tiene que ver el castigo de mandarlos al limbo con la derecha o con ese discurso de falso progresismo que se abrogan.

Los funcionarios de la Junta de Andalucía han dado una lección a toda la sociedad andaluza al expulsar de los órganos de representación a los dos sindicatos que apoyaron el decretazo y que eran los bastones con los que Griñán y el PSOE se han servido para gobernar a través de los acuerdos de concertación, con el objetivo de desmovilizar la sociedad civil. Ahora se encuentran con una rebelión en pleno corazón de la Junta, con unos funcionarios que se niegan a aceptar hechos consumados como la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz que cuela por la puerta de atrás a 30.000 trabajadores de los más de 350 entes instrumentales como empleados públicos sin haber realizado ninguna prueba de acceso de las reguladas por la Ley de la función pública andaluza.

El sindicalismo que vienen representando UGT y CC.OO en la Administración General de la Junta de Andalucía desaparece por completo. No solo es un castigo por su entreguismo, es un ejemplo de cómo hacer desaparecer toda una política de representación y pactos aliñada con jugosas subvenciones públicas. El castigo es severo, duro, pero ¿asumirán las ejecutivas regionales de CC.OO y UGT su responsabilidad en la debacle y en la zozobra? Mucho nos tememos que el amor a la silla ejecutiva es demasiado fuerte como para asumir cualquier responsabilidad.

Además, la soberbia con la que UGT y CC.OO han venido pactando con el PSOE tras los acuerdos de Mesa General, denostando a todos los demás, y tras el Decreto-Ley 6/2010 han tenido su día D. A esto se le añade los oídos sordos con los que se ha intentado minimizar las dos grandes manifestaciones de 50.000 empleados públicos pata negra contra esta política de des construir la función pública a favor de las Agencias. Pero sobre todo el inventar una figura nueva llamada laboral de agencia a los que se les equipara con los empleados públicos y se les considera como tal.

Este es el principio del fin. No solo porque la rebelión de los funcionarios se ha pronunciado de manera contundente en la calle, sino porque ha dictado una sentencia en las urnas, dando toda una lección a la sociedad andaluza, demasiado inmóvil y aprisionada por UGT y CC.OO y sus pactos de concertación con Griñán y su política económica que ha provocado hasta la fecha la pavorosa cifra de 1 millón de parados.

Antonio Barreda Alcobet

DECLARACIÓN DE LA USO ANTE EL MOVIMIENTO 15-M

· El sindicato valora que la sociedad se movilice ante la mutilación del derecho al trabajo y los recortes sociales.

· La USO pide a los partidos políticos y al resto de organizaciones sindicales que hagan de la transparencia un valor propio de gestión.

· Urgimos un cambio de la actual normativa electoral tanto en el ámbito político como sindical, porque giran en torno a un bipartidismo y un bisindicalismo que están ahogando la participación social y que no refleja la pluralidad política y sindical de nuestra sociedad.

Ante el denominado movimiento 15-M que está ocupando distintas plazas en nuestro país, con especial incidencia en la concentración que se está manteniendo en la Puerta del Sol de Madrid, la Unión Sindical Obrera hace una valoración positiva del mismo, en cuanto refleja el hartazgo y la impotencia de una parte de la sociedad que decide reaccionar contra un sistema político y económico que no aporta las soluciones que tiene el deber de ofrecer.

Estas movilizaciones son fruto del descontento con las políticas que se están haciendo, que han llevado a mutilar uno de nuestros derechos fundamentales, el derecho al trabajo, con 5 millones de desempleados y un 43% de paro juvenil. A esto además hay que sumar los mayores recortes sociales (recortes salariales, congelación de las pensiones, atención a la dependencia, etc.), una reforma impuesta de nuestras futuras pensiones y la perspectiva de nuevos recortes para que el Gobierno cuadre sus cuentas con Europa, que empobrecerán a la mayor parte de la ciudadanía y desalentarán las expectativas de crecimiento económico y empleo.

Compartimos el fondo de estas movilizaciones porque la USO lleva tiempo haciendo una llamada a la movilización de la sociedad para combatir la crisis y sus efectos, y a la necesidad de emprender medidas dirigidas a contener la pérdida de empleo y parar los recortes sociales. En este sentido, la USO hace las siguientes consideraciones:

Es necesario un plan de austeridad y de recorte en el gasto corriente en el conjunto de las Administraciones Públicas. El necesario ajuste en el gasto no puede recaer en exclusividad sobre los salarios de los empleados públicos.

La prioridad debe ser la creación de empleo estable y con derechos. La USO, por lo tanto, pide al Gobierno que, en coordinación con los Gobiernos autonómicos, elabore una agenda de política social fuerte y concreta a fin de mantener a los trabajadores y trabajadoras en sus puestos de trabajo y asegurar que reciben ingresos coherentes que le permitan mantener su poder adquisitivo y con altos niveles de protección social.

La USO quiere advertir del alto riesgo que suponen los recortes en el gasto público de manera indiscriminada y en particular en materia de protección social. Los recortes en los sistemas de protección sólo aumentarán la pobreza y debilitarán a los grupos más vulnerables. Por ello venimos demandando un Plan Estatal contra la exclusión social y la pobreza, donde es imprescindible el concurso de las distintas Administraciones Públicas y que debe incluir políticas activas de empleo para estimular la vuelta al mercado de trabajo y a un empleo estable.

Junto a esto debe existir una mayor y mejor regulación de los mercados financieros y los bonos de los directivos. Las finanzas públicas deben ponerse al servicio de la economía real y no deben utilizarse para reparar los daños causados por las prácticas abusivas de determinadas entidades, únicamente guiadas por el objetivo de maximizar sus beneficios a corto plazo.

Ante la actual situación de crisis económica en la que estamos inmersos, los partidos políticos y las organizaciones sindicales debemos ser ejemplares en la gestión de los recursos públicos. Deben gestionarse bajo criterios de austeridad en el gasto y de autofinanciación. Ello conllevaría definir un nuevo modelo de financiación basado en estos principios.

La USO pide a los partidos políticos y al resto de organizaciones sindicales que hagan de la transparencia un valor propio de gestión. Que por encima de los intereses particulares de las organizaciones que representan deben estar los intereses generales de los ciudadanos que dicen representar. A ellos se deben y ante ellos debemos responder.

Desde la USO vemos con preocupación cómo la vida política y sindical de este país gira en torno a un bipartidismo y un bisindicalismo que a nuestro juicio está ahogando la participación social y que no refleja la pluralidad política y sindical existente en nuestra sociedad.

Sólo se busca la aritmética parlamentaria mediante el apoyo en grupos parlamentarios cuyos intereses no siempre se corresponden con los del conjunto de la ciudadanía del Estado. Así a veces la parte impone sus condiciones al todo.

Un bisidincalismo que aparece como rehén de un extraño maridaje entre las dos organizaciones sindicales mayoritarias y el Gobierno, que no reacciona con eficacia ante la gravedad de la crisis económica y de empleo existente, alejado del sentir de los ciudadanos y dando la impresión de estar más al servicio de las políticas del Gobierno que ser instrumentos que exijan y confronten, si es el caso, para buscar la mejor salida a la crisis.

Cambio en la normativa electoral en el ámbito político y sindical.

Por ello desde la USO venimos urgiendo un cambio de la actual normativa electoral tanto en el ámbito político como sindical, que tienda a que los resultados de los procesos electorales y el cómputo de los mismos permita una mayor participación de las organizaciones que hoy se consideran minoritarias y que acreditan, en muchos casos, una audiencia electoral mayor que otras que circunscriben su ámbito de actuación a un determinado ámbito territorial.

Los procesos electorales en el ámbito sindical deben facilitar su objetivo, que es la existencia de representación legal de los trabajadores y trabajadoras en la empresa. Por ello es imprescindible eliminar la actual discriminación existente en la promoción de las elecciones sindicales. Toda organización sindical debe tener plena capacidad para promover elecciones sindicales y participar en ellas. No se puede limitar este derecho, como sucede actualmente, a unos en beneficio de otros. En una verdadera democracia todos tienen los mismos derechos

Por ello desde la USO pedimos un cambio profundo en el actual modelo de diálogo social para abrir éste a otros ámbitos representativos, ya que sólo desde la participación y el pluralismo se podrá enriquecer y hacer fructificar un renovado diálogo social.

Aumenta la presión al Gobierno: hacen faltan más reformas para crear empleo y recortar el déficit

La economía española creció un 0,3% en el primer trimestre, una décima más de lo esperado. Pero esta leve mejoría no contenta a las autoridades que reclaman más reformas al Gobierno.

Tres organismos de primer orden, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Banco de España, reclaman hoy al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero más reformas. Sus peticiones se centran en el cumplimiento del plan de ajuste, el mercado laboral y en la culminación de la reestructuración del mercado financiero.

La Comisión Europea, que hoy ha presentado sus previsiones de crecimiento para 2011, ha lanzado un mensaje claro al Gobierno: España debe adoptar medidas adicionales para cumplir sus objetivos de reducción del déficit (con un límite del 6% del PIB para este año) debido a un escenario macroeconómico menos favorable.

"Mayores progresos en la reestructuración del sector bancario y en la consolidación fiscal mejorarían la confianza en la economía española y el acceso y el coste de la financiación", asegura el Ejecutivo comunitario.

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, ha asegurado que "España se ha comprometido a su objetivo de déficit fiscal y debe alcanzar ese déficit. Es una piedra angular de la estrategia económica de España, que ha funcionado y ha ayudado a España a desacoplarse de los tres países con programas".

Según la Comisión, el déficit se situará en el 6,3 % del PIB en 2011 y el 5,3 % del PIB en 2012, por encima de lo previsto por el Gobierno español.

Bruselas considera que la economía española crecerá un 0,8 % en 2011 y un 1,5 % en 2012, por debajo de las proyecciones del Gobierno español, y advierte de que el cumplimiento de las metas de reducción del déficit "también dependerá de que los gobiernos regionales cumplan estrictamente con sus objetivos".

Por su parte, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, urgió hoy al Gobierno a adoptar las reformas necesarias para suprimir "los obstáculos en la creación de empleo" y empezar a reducir "las ingentes cifras de parados" que hay en España.

En un encuentro sobre la reforma del sistema financiero español, organizado por KPMG, Expansión y el Centro Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), Ordóñez aseguró que esto es necesario para que se recupere lo antes posible "la demanda solvente de crédito", una vez que ya se ha completado prácticamente la reforma del sistema financiero.

El consejero del Banco Central Europeo (BCE), José Manuel González Páramo, también se ha referido hoy al mercado laboral español y ha dicho, nada más y nada menos, que es el más ineficiente e injusto del mundo occidental.

Además, González Páramo ha urgido a que se cierre la reforma de la negociación colectiva. Recordó que "causa asombro" que un país que tiene un 21 % de paro dilate tanto las negociaciones entre los distintos agentes sociales para cerrar esta reforma.

En el camino, indicó, se está quedando la que es seguramente, por su formación y su capital humano, la mejor que ha tenido España en toda su historia.

Expansión.com

USO sigue manteniendo que los desmentidos del Gobierno tienen una credibilidad nula

El pasado viernes en la rueda de prensa el Vicepresidente del Gobierno, desmentía un nuevo recorte en las retribuciones de los empleados públicos. La Secretaria de Estado, Consuelo Rumí (“gran gestora”, cuya único mérito es haber tenido cargos de responsabilidad en la UGT), tuvo la desfachatez de hacer unas declaraciones tachando a la USO de “irresponsables”, por denunciar que el Gobierno estaba estudiando un nuevo recorte a los empleados públicos. Por otro lado, el día anterior el Ministerio de Economía, emitía una nota, desmintiendo la noticia y manifestando que no tiene previsto recorte alguno, y que tan siquiera, lo tiene en estudio.

Dicho todo esto, la USO quiere manifestar lo siguiente:

1. La USO sigue manteniendo que el Gobierno, está manejando varias posibilidades, entre ellas la eliminación del complemento especifico en las pagas extras. Y que ese estudio, lo están realizando en la Dirección General de Costes de Personal, dependiente del Ministerio de Economía.

2. El propio Ministerio de Economía, está iniciando una caza de “brujas”, intentando encontrar a las personas que han filtrado la información a la USO (si no existiese nada, no habría que buscar nada).

3. La credibilidad en los desmentidos emitidos por miembros del Gobierno es nulo, o cero (0). En el caso de la Vicepresidenta Salgado es 0,0. El Ministerio de Economía, siendo titular la misma Ministra, emitió una nota de desmentido parecida en febrero de 2010 (en ese momento se estudiaban medidas en las AAPP, así lo manifestó públicamente el Secretario de Estado de Hacienda), dos meses después, se anunciaban los recortes y posterior congelación salarial (adjuntamos dicha nota), por lo tanto este tipo de desmentidos emitidos por este Gobierno, carecen de valor por su falta de rigurosidad.

4. Recomendamos un vistazo a la hemeroteca de hace una año (hay multitud de enlaces en internet), exactamente a finales de Febrero-2010, donde se pueden encontrar declaraciones públicas de diversos miembros del Gobierno (Vicepresidenta de la Vega, Ministra Salgado, Ministro Chaves, etc.), negando los rumores de recortes salariales e incumplimiento de los acuerdos sindicales en la Administración. Y en mayo, del mismo año, los mismos que desmentían todo, decían todo lo contrario y apoyaban dichos recortes y congelaciones.

Nosotros seguimos manteniendo lo que en el comunicado anterior denunciábamos, el estudio de UN NUEVO RECORTE EN LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, si a este Gobierno le viene mal que hagamos público sobre los que está trabajando, que no haga estos estudios y propuestas. Lo único que pretenden ahora mismo, es ocultar la noticia antes de las elecciones, después……….ya veremos.

Si con esta denuncia pública, hemos evitado un nuevo recorte injusto e inmerecido, nos daremos por satisfechos. Si se quieren llevar adelante estas propuestas, la USO se opondrá frontalmente, iniciando todas las medidas oportunas, con el fin de movilizar a todos los empleados públicos, para que demos una respuesta contundente a este Gobierno.

APROBADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL 13/05/2011, UN QUINTO ACUERDO DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS, ENFOCADO A LOS CIUDADANOS

- Representará un ahorro previsto de 510 millones de euros.

- Se mejoran los trámites en las prestaciones de maternidad y paternidad, además de facilitar la obtención por internet de información del Catastro o el Registro Civil. También se podrán solicitar electrónicamente los certificados de actos de última voluntad o la Tarjeta Sanitaria Europea para los mutualistas de MUFACE.

- Con estas catorce iniciativas hoy aprobadas son ya 261 las actuaciones puestas en marcha dentro del Plan de Acción aprobado en 2008. Sumadas a las medidas de adaptación a la Directiva Europea de Servicios, entre otras, el ahorro global supera los 9.700 millones.

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo bloque de medidas para la reducción de las cargas administrativas. Es el quinto acuerdo de este tipo que aprueba el Gobierno desde 2008 y en esta ocasión está dirigido de forma exclusiva a aliviar los trámites que deben realizar de forma cotidiana los ciudadanos.

Se trata de catorce actuaciones que van a representar un ahorro estimado de 510,7 millones de euros. Entre otras, se incluyen:

· Mejoras en los supuestos de maternidad y/o paternidad, de forma que la administración se adelantará y ofrecerá al ciudadano la prestación sin que tenga que aportar documento alguno.

· Facilidades para obtener electrónicamente información del Catastro o el Registro Civil, sin necesidad de personarse en sus dependencias. Así, se podrá descargar gratuitamente la cartografía digitalizada. Igualmente, se habilitará el acceso a través de internet al contenido de los libros de los Registros de la Propiedad, Mercantiles, de Bienes Muebles y de Condiciones Generales de Contratación.

· Posibilidad de tramitar de forma telemática las solicitudes de certificados de actos de última voluntad o la obtención de la Tarjeta Sanitaria Europea para el colectivo de empleados públicos integrados en Muface.

La puesta en marcha de las nuevas iniciativas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros, que se desarrollarán a lo largo de este año y de 2012, va a implicar a los Ministerios de Justicia, Trabajo e Inmigración, Economía y Hacienda, y de Política Territorial y Administración Pública.

Medidas para empresas y ciudadanos

Con este acuerdo son ya 261 las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno desde la aprobación en 2008 del Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas, con un ahorro global de 4.831 millones de euros. En su mayor parte se han beneficiado las empresas, que han podido evitarse más de 2.560 millones de euros en costes de constitución y funcionamiento, para concentrar sus recursos en modernizarse, fortalecer su competitividad y crear empleo.

Por su parte, las actuaciones dirigidas de forma exclusiva a los ciudadanos representan un ahorro de 1.800 millones de euros, mientras hay un tercer bloque de medidas que han ayudado tanto a empresas como a la ciudadanía en general y que han tenido un impacto económico superior a los 470 millones de euros.

Estos datos corresponden a las iniciativas puestas en marcha únicamente en el ámbito de la Administración General del Estado, a las que habrá que sumar las desarrolladas por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, con los que el Ministerio de Política Territorial ha suscrito distintos convenios de colaboración. También se está trabajando coordinadamente con las organizaciones empresariales, a través de sendos acuerdos con la CEOE, Cepyme y las Cámaras de Comercio.

Otras actuaciones

Además de los cinco acuerdos del Plan de Acción, el Gobierno ha puesto en marcha en los últimos años un conjunto de actuaciones que han contribuido también a la reducción de cargas administrativas en el campo de los servicios electrónicos y la adaptación de la Directiva Europea de Servicios, con un ahorro resultante de 4.869 millones de euros. De esta forma, el ahorro global del conjunto de actuaciones se eleva a 9.700 millones de euros para empresas y ciudadanos. Estas medidas adicionales son:

Se han puesto en funcionamiento medidas de acceso telemático, como la realización de la declaración de la renta, la presentación de denuncias ante la Policía Nacional o el certificado de vida laboral, que se han sumado a las anteriores. Se ha realizado un análisis entre los veinte servicios electrónicos más utilizados por los ciudadanos, que ha cuantificado el ahorro en 3.169 millones de euros.

La aplicación de la Directiva Europea de Servicios ha supuesto también una importante simplificación de trámites en el ámbito de la Administración del Estado, principalmente para el sector empresarial, valorada en unos 1.700 millones de euros.

USO pide de cara al 22 de mayo responsabilidad a los políticos y se reafirma en la independencia ideológica .

La Comisión Ejecutiva Confederal ha aprobado un documento de cara a las elecciones que se celebrarán del día 22 de mayo en que reafirma a la USO en su independencia ideológica y respeto al pluralismo, así como anima la participación y espera que los partidos políticos incluyan en su programa propuestas eficaces para combatir la crisis y el paro.

Declaración de la Unión Sindical Obrera ante las Elecciones Políticas del 22 de Mayo del 2011

La Unión Sindical Obrera (USO) a través de su Comisión Ejecutiva Confederal, hace pública su posición y llamamiento ante la celebración de los Comicios Municipales el próximo día 22 de Mayo del 2011, fecha asimismo de celebración de Elecciones Autonómicas en buena parte de las Comunidades y Ciudades Autónomas, en base a los siguientes enunciados:

- 1.La USO llama a los trabajadores y trabajadoras y a la ciudadanía en general a votar en los comicios del próximo 22 de mayo, desde la consideración que la participación electoral no solo es un derecho ciudadano, sino un deber democrático y moral sobre el que se sustenta nuestro sistema político basado en la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas.

- 2.Por coherencia histórica y mandato de nuestra Carta Fundacional, Declaración de Principios y Estatutos, la USO respeta la libertad de opción electoral de sus miembros y del electorado en general, así como la legitimidad de todas las opciones políticas o electorales que se hallen dentro del marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

- 3.De la misma forma, la USO, requiere de las fuerzas políticas máxima responsabilidad y esfuerzo para que las campañas electorales sean auténticos compromisos sociales entre estas y la ciudadanía sobre la viabilidad de los programas políticos y la voluntad de llevarlos íntegros a la práctica, y que estos estén basados pensando en los intereses generales y bien común, y muy especialmente para los más necesitados por hallarse en situación de desempleo, pobreza, precariedad o cualquier forma de exclusión o marginación social.

- 4.En este sentido, la USO invita a las diversas opciones políticas democráticas a que tengan en cuenta en sus programas electorales y posteriores acciones bien como gobierno o bien como oposición por mandato de las urnas, nuestras propuestas en materia social, económica, laboral y sindical, combatiendo la crisis y el paro y posibilitando un nuevo escenario de crecimiento económico productivo, sostenible, redistributivo y social, en el que emane la primacía del empleo pleno, digno y con derechos, y el más y mejor desarrollo del Estado Social que ampara nuestra Constitución a beneficio común del conjunto de la ciudadanía.

- 5.Finalmente, en coherencia con nuestra práctica de la autonomía sindical e imperativo estatutario, debe ser aplicada la incompatibilidad de ocupar cargo sindical a los miembros de la USO con responsabilidades superiores al ámbito de empresa que deseen formar parte de cualquier opción política, dimitiendo del mismo en el momento de la proclamación oficial de la candidatura política de la que forme parte.

El IPC de abril llega al 3,8%: “No hay peor ciego que el que no quiere ver”

- Urge un plan de rescate para los ciudadanos y abandonar los discursos vacíos.

-  Además, aumenta el diferencial con los países de la UE, lo que hace que nuestros productos sean menos competitivos.

Al cumplirse un año de los recortes sociales emprendidos por el Gobierno con el objetivo de mejorar la situación económica de nuestro país, nos encontramos con un IPC que sigue creciendo, es decir, que todo nos cuesta más a los ciudadanos y sin embargo tenemos menos dinero para afrontar estas subidas.

Un IPC cuyo crecimiento este mes (alcanza el 3,8%) no puede atribuirse al precio de los carburantes, sino al incremento de productos básicos, como los alimenticios. Además el IPC subyacente también se dispara, y en éste no se tienen en cuenta los componentes energéticos. Y si eso no es poco, seguimos incrementado nuestro diferencial con los países de la UE, lo que hace que nuestros productos sean menos competitivos.

Esto explica, entre otras cosas, la situación de estancamiento de nuestro crecimiento económico. Precios más caros, salarios más bajos, menor actividad económica, una tasa de paro por encima del 21%... todo configura un cóctel explosivo para los ciudadanos que encima tienen que oír que no se han producido recortes sociales.

Desde la USO le recordamos al Presidente del Gobierno que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el Presidente no quiere ver cómo un derecho fundamental reconocido en nuestra constitución, que es el derecho al trabajo está siendo negado a casi 5 millones de personas; que los empleados públicos han visto reducidos sus salarios, y sobre ellos penden amenazas de nuevos recortes; los pensionistas han visto mermado su poder adquisitivo como consecuencia de la congelación y el incremento del IPC y para el futuro tenemos un recorte del valor de las pensiones que, no olvidemos , están muy por debajo de la media europea.

Desde la USO le pedimos al Gobierno que se deje de discursos vacíos, y emprenda un plan de rescate para los ciudadanos, que están siendo los sufridores de esta crisis que no han causado, y deje de mirar tanto a las grandes empresas y al sector financiero.

Nuevos recortes salariales en las AA.PP.

Desde la USO podemos confirmar, que el Gobierno está trabajando en un nuevo recorte salarial al conjunto de los empleados públicos en todas las AAPP, que supondrá una nueva vuelta de tuerca a las maltrechas economías familiares.

Este recorte que se plantea, afectará a las pagas extras y en principio, la opción que los técnicos de Hacienda consideran más “viable” supondría la eliminación del complemento específico de dichas nóminas (comenzando en la extra de Diciembre de 2011). Esta supresión sería ESTRUCTURAL, por lo que se mantendría de forma indefinida. Lo que supone la modificación de la actual estructura salarial. Al personal laboral, está en estudio como se aplicaría esta medida, posiblemente de forma porcentual.

La USO denuncia públicamente este nuevo recorte, ya que el actual Gobierno está intentado ocultar esta propuesta, en la que está trabajando la Dirección Gral. de Costes de Personal, ya que no interesa hacerlo público antes de las elecciones municipales y autonómicas del día 22 de mayo. También creemos que esta propuesta la conocen CCOO y UGT, ya que es una medida que se barajaba dentro del marco de negociación colectiva.

Es increíble que tengamos que aguantar campañas políticas en la que los diferentes partidos se echen a la cara el tema de los recortes sociales, y nos encontremos con esta propuesta. Desde la USO decimos claramente, que estamos en contra de cualquier nuevo recorte salarial. Los empleados públicos NO somos culpables de la crisis, y por lo tanto, NO debemos ser los pagadores.

Es totalmente inaceptable, que este Gobierno niegue cualquier nuevo recorte en público, y ordena en el interno de la Administración, el estudio y aplicación de una reducción salarial. Los empleados públicos, los ciudadanos al fin y al cabo, nos sentimos engañados y maltratados por esta Administración, en la que los únicos beneficiados son los mercados financieros (grandes multinacionales, grandes empresas, bancos, cajas, etc.), nacionales e internacionales.

En un reciente estudio económico, se aseguraba que el recorte salarial y posterior congelación, había supuesto, con el incremento del IPC, una bajada real superior al 10 %. Si a esto añadimos las subidas de luz, gas, agua, impositivas, etc., nos encontramos con un futuro muy negro, no solo para la economía familiar, sino también para el desarrollo económico de España: A menores ingresos = menores gastos = menor demanda = más despidos = más paro. Esta es la ecuación real, con la reducción salarial.

Los empleados públicos, no podemos seguir manteniendo una actitud apática, no somos muñecos de “pim, pam, pum”, somos trabajadores de los servicios públicos. Los mismos servicios públicos que los ciudadanos reclaman. Pero somos ciudadanos de segunda clase, que cada día tenemos menos derechos, menos salarios y aguantamos todo tipo de improperios hacía nuestras personas y trabajo, a pesar que la sociedad valore cada día más nuestro trabajo diario (Así lo demuestran las últimas encuestas sobre la calidad en los servicios públicos). Somos ciudadanos, y tenemos familias con muchos miembros en paro, a los que ayudamos en la medida que podemos, no somos ajenos a la actual situación económica, a pesar que los salarios en muchos casos, no superen los 1.000€, por ese motivo debemos decir:

¡¡¡¡ BASTA DE MENTIRAS, BASTA DE RECORTES !!!!

La USO se opone radicalmente a este borrador-propuesta, y en caso que se quiera llevar adelante, iniciaremos movilizaciones en el conjunto de las AA.PP. Solos o en compañía de otros sindicatos independientes. Para este fin iniciaremos contactos con todos, para paralizar cualquier intento de agresión salarial al conjunto de los empleados públicos.

 

NO A LOS RECORTES  

Declaración de la Unión Sindical Obrera USO ante las Elecciones Políticas del 22 de Mayo del 2011

La Unión Sindical Obrera (USO) a través de su Comisión Ejecutiva Confederal, hace pública su posición y llamamiento ante la celebración de los Comicios Municipales el próximo día 22 de Mayo del 2011, fecha asimismo de celebración de Elecciones Autonómicas en buena parte de las Comunidades y Ciudades Autónomas, en base a los siguientes enunciados:

1. La USO llama a los trabajadores y trabajadoras y a la ciudadanía en general a votar en los comicios del próximo 22 de mayo, desde la consideración que la participación electoral no solo es un derecho ciudadano sino un deber democrático y moral sobre el que se sustenta nuestro sistema político basado en la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas.

2. Por coherencia histórica y mandato de nuestra Carta Fundacional, Declaración de Principios y Estatutos, la USO respeta la libertad de opción electoral de sus miembros y del electorado en general, así como la legitimidad de todas las opciones políticas o electorales que se hallen dentro del marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

3. De la misma forma, la USO, requiere de las fuerzas políticas máxima responsabilidad y esfuerzo para que las campañas electorales sean auténticos compromisos sociales entre estas y la ciudadanía sobre la viabilidad de los programas políticos y la voluntad de llevarlos íntegros a la práctica, y que estos estén basados pensando en los intereses generales y bien común, y muy especialmente para los más necesitados por hallarse en situación de desempleo, pobreza, precariedad o cualquier forma de exclusión o marginación social.

4. En este sentido, la USO invita a las diversas opciones políticas democráticas a que tengan en cuenta en sus programas electorales y posteriores acciones bien como gobierno o bien como oposición por mandato de las urnas, nuestras propuestas en materia social, económica, laboral y sindical, combatiendo la crisis y el paro y posibilitando un nuevo escenario de crecimiento económico productivo, sostenible, redistributivo y social, en el que emane la primacía del empleo pleno, digno y con derechos, y el más y mejor desarrollo del Estado Social que ampara nuestra Constitución a beneficio común del conjunto de la ciudadanía.

5. Finalmente, en coherencia con nuestra práctica de la autonomía sindical e imperativo estatutario, debe ser aplicada la incompatibilidad de ocupar cargo sindical a los miembros de la USO con responsabilidades superiores al ámbito de empresa que deseen formar parte de cualquier opción política, dimitiendo del mismo en el momento de la proclamación oficial de la candidatura política de la que forme parte.

Comisión Ejecutiva Confederal de la USO

Madrid, 10 de Mayo de2011.

Cursos de Formación Continua AGE

Disponemos de la listas de los compañeros a los que le han aprobado cursos de formación continuada en la AGE.

Amparándonos en la Ley de Protección de Datos, no vamos a colgar dichas listas en esta página, aquellos compañeros y compañeras que quieran confirmar si ha sido seleccionado, que nos lo soliciten enviándonos un correo con su nombre y DNI.

BASICO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS

P.R.L. EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

MONPER AVANZADO

MANIPULACION SEGURA DE CARGAS

P.R.L. EN MANTENIMIENTO DE TALLERES Y REPARACION DE VEHICULOS

SIPERDEF AVANZADO

ELABORACION DE NOMINAS

CURSO GENERAL DE SIPERDEF
PATOLOGIAS DE ORIGEN LABORAL Y VIGILANCIA DE LA SALUD


Y EL LISTADO PROVISIONAL DEL CURSO DE PROMOCION AL GRUPO "D"

APROBADOS INCENTIVOS PARA IMPULSAR EL VEHÍCULO ELÉCTRICO: Consejo de Ministros del 06/05/2011

El Consejo de Ministros, en su sesión de hoy, ha aprobado un paquete de incentivos para promover la implantación del vehículo eléctrico, una de las apuestas del Gobierno en materia de ahorro de energía y de movilidad sostenible.

Por una parte, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011, en el marco del Plan de Acción 2010-2012 del Plan Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en España 2010-2014.

También en el marco del Plan de Acción 2010-2012, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto que regula la figura del gestor de carga como agente que podrá revender electricidad para la recarga de vehículos eléctricos y que facilitará la instalación de puntos de recarga por terceros al margen de las comercializadoras de electricidad. Además, se crea la tarifa "supervalle" para incentivar la recarga nocturna de vehículos eléctricos a precios más atractivos.

Según el primero de los Reales Decretos, el Gobierno subvencionará hasta un 25 por 100 del precio de venta antes de impuestos, con un máximo de seis mil euros por vehículo incluyendo las baterías, para los usuarios particulares y flotas privadas. También se subvencionará el 25 por 100 del precio de adquisición bruto de otros vehículos eléctricos como autobuses, autocares o furgonetas con un máximo de quince mil o treinta mil euros, dependiendo de tipo de vehículo y autonomía.

En la gestión de las ayudas se contará con una entidad colaboradora que cumplirá lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones. Para su elección se establecerá un procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. Una vez seleccionada, se formalizará un convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y la entidad colaboradora.

La solicitud de ayuda se realizará a través de los agentes de ventas que voluntariamente decidan adherirse al plan de ayudas. Estos agentes realizarán las actividades que se determinen en el convenio que cada uno de ellos suscribirá con la entidad colaboradora, convenio en el que se especificaran las condiciones para el registro de las solicitudes en el sistema telemático que se implementará para la gestión de las ayudas.

La entidad colaboradora establecerá un sistema que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, informe con carácter previo a la formalización de la solicitud de la cuantía de subvención que le corresponde, facilitando así información para los beneficiarios finales.

Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación en el sistema telemático de gestión hasta el 30 de noviembre de 2011.

Dentro de las medidas para impulsar el despliegue de las infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico, el Consejo de Ministros ha aprobado también un Real Decreto que desarrolla reglamentariamente la actividad de los nuevos gestores de cargas del sistema.

Los gestores de cargas del sistema llevarán a cabo su actividad de recarga de los vehículos eléctricos de los consumidores en instalaciones propias, por lo que es previsible que esta actividad se realice como negocio secundario en establecimientos como aparcamientos públicos o grandes centros comerciales.

Así, y dado que la recarga de los vehículos se realizará principalmente por la noche, cuando no están en uso, su cumplimentación coincidirá con los valles de demanda del sistema, en los que el coste asociado a la generación es inferior, por lo que se consumirá electricidad en horas de menores costes, reduciendo el gasto energético del uso del vehículo eléctrico respecto al tradicional de combustión interna.

Para ello, de acuerdo con la mencionada Estrategia para el Impulso del Vehículo Eléctrico y con la regulación del sector eléctrico, se procede a crear una nueva tarifa de acceso "supervalle" con un nuevo período de discriminación horaria para las horas de menor demanda del sistema, desde la una de la madrugada hasta las siete de la mañana, con menores precios que incentiven el traslado del consumo del período punta a estas horas.

AGE: Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social Corporativa .

El pasado 14 de abril se celebró una reunión del Grupo de trabajo de Responsabilidad Social Corporativa en la AGE en virtud del acuerdo adoptado en la reunión de la Comisión Técnica de Responsabilidad Social Corporativa del 25 de enero.

El objeto de la reunión era la elaboración de la memoria de Responsabilidad Social Corporativa en la AGE de 2010.

Por parte de la Administración General del Estado asistieron representantes del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, del Ministerio de Economía y Hacienda, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, así como representantes de los principales sindicatos, todo ello presidido por el Subdirector General de Relaciones Laborales del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

Tras una breve exposición de lo realizado en materia de RSC hasta el momento actual por las diferentes Administraciones Públicas y por las entidades privadas a nivel nacional, se plantean los principales puntos sobre los que deberá realizarse la memoria de Responsabilidad Social Corporativa de 2010, partiendo de la base y experiencia de la primera memoria, realizada en el año 2009.

Para ello se han elaborado una serie de fichas con tres ejes principales:

1.Respeto al medioambiente.

2.Mejora en la calidad de los servicios.

3.Medidas relacionadas con el bienestar y el clima laboral de los empleados públicos de la AGE.

El cometido del Grupo de trabajo será la recopilación de todos los datos de las administraciones públicas con la información a que hacen referencia las fichas presentadas para la elaboración de la memoria de Responsabilidad Social Corporativa de 2010.

Asimismo, se incluirán todas aquellas recomendaciones y sugerencias tendentes a la realización de un modelo de memoria anual para ejercicio futuros, especialmente para 2012.

FEP-USO condena las agresiones a UGT

Un grupo entre 15 y 20 encapuchados asaltaron la sede de UGT en la ciudad de A Coruña, dónde ademas de lanzar petardos y bolsas de basura, arrojaron amoniaco a la cara del compañero, que sufrió heridas leves y tuvo que ser evacuado en ambulancia a un centro hospitalario.

Desde FEP-USO mostramos nuestra más enérgica repulsa contra este tipo de actos y exigimos un rápido esclarecimiento de los hechos, y que los responsables de estas injustificables acciones respondan ante los tribunales de Justicia.

FEP-USO Cádiz condena las agresiones y la violencia 

como formas de expresión

El poder adquisitivo de funcionarios y pensionistas caerá hasta un 4% en 2011

El famoso tijeretazo presentado hace un año tendrá consecuencias permanentes en los bolsillos de funcionarios y pensionistas. El plan de ajuste preparado por el Gobierno en mayo de 2010, tras un durísimo fin de semana en Bruselas en el que pareció inminente la caída de España, tiene réplicas (como los terremotos).

En estos momentos, trabajadores del sector público y jubilados ya sienten en sus pagas la reducción de poder adquisitivo. Y la tendencia parece que no se detendrá. Cuando el Gobierno decretó el recorte de sueldo de unos y la congelación de las pagas de los otros, la inflación estaba en el 1,5%. Por eso, en aquel momento fue una decisión polémica, pero que quizás podía tener daños limitados en estos dos colectivos. Sin embargo, a día de hoy, con los precios disparados un 3,5% y una tendencia ascendente, los recortes de entonces se hacen mucho más grandes.

El Gobierno subió las pensiones mínimas un 1%, por lo que se supone que ésta era su previsión de inflación. Sin embargo, los analistas ya apuntan a que el índice de precios acabará el año al menos en el 3,5% (es la previsión del consenso Funcas) y muchos empiezan ya a hablar de un 4%. Esta sería la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, mucho más de lo que se preveía y de lo que Rodríguez Zapatero anunció.

Para las cuentas del Gobierno, este incremento de los precios es una muy buena noticia. La inflación es un impuesto injusto, puesto que no hace falta subir de forma evidente los niveles para recaudar más, sólo hay que esperar a que los salarios se ajusten al IPC (totalmente o en parte) y cobrar más por la correspondiente subida de la renta. Además, el IVA también recauda más con precios más altos. Y en general, los pagos del Gobierno se mantienen (porque están determinados en precios nominales) mientras su coste real decrece.

Funcionarios

Pero si los pensionistas sufrirán la subida de la inflación, peor lo tienen los funcionarios. El Gobierno anunció un recorte del 5%, pero Libertad Digital ya publicó que a esa rebaja habría que sumarle una adicional del 8% de media, derivada de la consolidación del recorte en las pagas extras. El truco es que el Gobierno sólo recorta el 5% en el sueldo mensual, pero deja en la mitad las extraordinarias de julio y diciembre. De esta manera, el recorte real se dispara a entre el 8% y el 15%.

Ahora, además, ese nuevo sueldo disminuido vale menos, puesto que los productos de la cesta de la compra cuestan más. Los funcionarios podrían haber perdido de esta manera hasta un 20% de poder adquisitivo en menos de un año. Y no sólo suben los precios, también otros índices como el euríbor llevan varios meses con tendencia al alza.

Pero además, la pesadilla de los trabajadores públicos podría tener un final todavía lejano en el tiempo. Según publicaba este miércoles Expansión, "el Gobierno prepara otro ajuste salarial" a sus empleados. En las cuentas que Elena Salgado ha enviado a Bruselas aparece un recorte de 15.000 millones de dólares en salarios públicos.

El desglose de ese ahorro sería el siguiente: con la congelación de los sueldos ya efectuada, el Gobierno prevé ahorrarse 3.000 millones hasta 2014. Además, su intención es cubrir sólo el 10% de las plazas vacantes, con lo que se ahorraría hasta 8.000 millones de euros. Por último, quedarían 4.000 millones más de recortes, que habría que implementar antes de 2014 y que irían dirigidos, fundamentalmente, contra los sueldos de los trabajadores públicos. Eso sí, aplicar una rebaja de un 10-15% a un colectivo al que ya se le ha recortado un nivel similar no será nada sencillo.

LIBRE MERCADO

CC OO y UGT esquivan la crisis con ayudas de 204 millones en el peor año para el paro

Los sindicatos celebran el 1 de mayo con un récord histórico de paro y el número de desempleados asomándose a la frontera de los cinco millones, tocados por el fracaso de la huelga general del 29-S, cuestionados por su respaldo a la reforma de las pensiones que supondrá una rebaja de las prestaciones y el retraso en la edad de retiro, por la opacidad de su sistema de financiación y el reguero de subvenciones públicas recibidas, por cobrar por la gestión de los ERE o por su controvertida capacidad para hablar por todos los trabajadores cuando el porcentaje de afiliación apenas supera el 17%.

Los líderes de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, recorrerán hoy las calles de Valencia bajo el lema “El empleo con derechos. Contra los recortes sociales”. Lo cierto es que, desde mayo del pasado año, cuando el Gobierno anunció el “tijeretazo social” se han reducido derechos y recortado prestaciones, sin que la labor de los sindicatos haya servido para impedirlo y, en ocasiones, como en la reforma de las pensiones, con el apoyo expreso de las dos centrales mayoritarias, lo que les ha granjeado numerosas críticas a izquierda y derecha. “Los sindicatos no se pueden convertir en un apéndice del Gobierno. No plantan cara a este Ejecutivo y, en la actual situación, no vale mirar para otro lado y ponerse de perfil”, afirma José Vía Iglesias, secretario de Acción sindical de USO, que atribuye esta falta de independencia al modelo de financiación de las centrales mayoritarias.

El estudio La situación sindical, del jurista y ex ministro de Trabajo Fernando Suárez González”, analiza la evolución de las subvenciones concedidas por el Ministerio de Trabajo a los sindicatos en los Presupuestos Generales del Estado desde 1982 para la actividad sindical, que se reparte en función del número de delegados de cada central. En estos años, la cifra se ha multiplicado por tres, al pasar de los 4,8 a los casi 15,8 millones de euros.

En los ocho años de Gobierno del PP, estas subvenciones se incrementaron en un 12,2%. Desde 2004, con la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han engordado un 46% al pasar de los 10,7 a los 15,8 millones de euros, de los que CC OO y UGT acaparan casi el 80%. En 2011,    CC OO recibe por este concepto 6,37 millones y UGT más de 6,1 millones de euros.

A esta cantidad se le añaden 4,8 millones de euros que se reparten los agentes sociales por participar en órganos consultivos, de los que 1,18 millones van a parar a UGT y 1,044 millones a CC OO, según los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En 2011, la cifra conjunta de estas dos partidas alcanza los 20,6 millones de euros, la misma que en 2010.

El filón de los cursos

Pero José Vía, de USO, recuerda que la parte del león de la financiación de los sindicatos mayoritarios les llega por las llamadas subvenciones finalistas y, en concreto, de las destinadas a los cursos de formación para el empleo. La partida para formación sectorializada alcanzó los 172,6 millones en 2010 a repartir entre todos los sindicatos a los que se añadieron 21 millones para formación intersectorial.

Si se suman las subvenciones para financiar la acción sindical, la formación y la participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo, sus organismos autónomos y las entidades de la Seguridad Social, la cifra que se reparten los dos sindicatos mayoritarios se acerca a los 204 millones.

CC OO respondió el pasado año a las críticas por la opacidad en las cuentas de las centrales con el documento Financiación y recursos humanos de los sindicatos, publicado en junio de 2010. En él se asegura que “nuestros balances reflejan unos ingresos de 455 millones de euros para gestionar, de los cuales 168 millones corresponden a ingresos propios con los que financiamos nuestra actividad sindical, otros 62 millones se corresponden con operaciones internas entre nuestras organizaciones, que tienen efecto neutro en los resultados al tener su correspondiente correlación en gastos; y el resto a programas subvencionados”.

Según estas cifras, el sindicato gestionó subvenciones por importe de 225 millones. Y es que, según recuerda Luis Vía, a las concedidas por el Ministerio de Trabajo hay que sumar las que reparten el resto de ministerios, comunidades autónomas e, incluso, los municipios.

Pensiones y ERE

Pero las vías de financiación de los sindicatos no se agotan en estas subvenciones. CC OO y UGT participan en la Gestora de Planes de Pensiones (GPP), controlada en un 70% por el BBVA que gestiona los planes de pensiones de los empleados públicos, una actividad que les reportó unos ingresos de medio millón de euros en el último año, según publicó LA GACETA.

Además, participan en la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, donde el Tribunal de Cuentas ha denunciado la existencia de un posible pacto de las dos centrales para repartirse los fondos antes de determinar el contenido de las acciones.

“Las subvenciones son la perversión de la independencia sindical, y se debería ir pensando en eliminar la mayor parte, manteniendo la que se otorga en función de los delegados de cada sindicato”, afirma José Vía, quien añade que “la opacidad” de las cuentas de UGT y CC.OO y sus “malas prácticas, están haciendo un daño gravísimo a la actividad sindical decente”.

El responsable de USO asegura que el 82% del presupuesto de su sindicato se financia con las cuotas sindicales y el resto procede, en su mayor parte, de la subvención que reciben del Estado. “En el caso de UGT y CC.OO los porcentajes se invierten”, afirma.

CC.OO es el sindicato mayoritario del país, con cerca de 1,2 millones de afiliados que abonan unas cuotas mensuales que oscilan ente los 10,85 euros de la cuota general a los 5,5 euros de la reducida (aplicable a pensionistas, parados sin subsidio y estudiantes). Según sus datos, financia su actividad sindical propia con 118 millones de euros.

UGT, con 810.000 afiliados, según los datos de la Confederación Sindical Internacional (CSI), mantiene unas cuotas mensuales para sus afiliados que oscilan entre los 10,40 euros y los 3,10 euros (para jubilados con bajos ingresos y parados sin prestaciones).

Otra fuente de ingresos para las centrales son las labores de asesoría jurídica, incluida su labor en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), donde, según Vía “se embolsan hasta un 10% de la cantidad que los trabajadores obtienen con su indemnización”. El caso de los ERE falsos descubierta en Andalucía ha salpicado a los sindicatos y obligado a CC OO a abrir una investigación interna.

A. Gómez. Madrid