La paz social tiene un precio y eso lo sabe el Gobierno, que a través de subvenciones y ayudas millonarias mantienen calladas a las centrales sindicales, que apenas han alzado la voz en la peor crisis de la historia de España. Ahora piden de forma descarada el voto para los socialistas o al menos que no se apoye al Partido Popular.
En los últimos cuatro años –la actual legislatura–, las dos centrales sindicales mayoritarias –CC OO y UGT– han recibido casi 800 millones de euros en subvenciones del Gobierno, según datos el BOE. A esta cifra habría que añadir las cantidades que otorgan las diferentes comunidades autónomas –Andalucía les regala casi 60 millones anuales– y las ayudas que reciben las fundaciones de estos sindicatos, unas partidas, por lo numerosas y por su opacidad, imposibles de cuantificar.
Hay casos escandalosos, como las ayudas percibidas por CC OO de Ceuta, que ascienden a 12.938.111,76 euros. Teniendo en cuenta el número de afiliados a CC OO en todo el territorio nacional, que supera el millón, y sabiendo que la población de Ceuta ronda los 78.000 habitantes, la mayoría de ellos militares o con actividades laborales funcionariales, podemos suponer que en la citada plaza no debería haber más de mil afiliados al citado sindicato.
Según estos números, CC OO de Ceuta ha percibido por afiliado más de 12.000 euros por persona. A estas cantidades habría que sumar además las retribuciones que perciben algunos sindicalistas por participar en consejos de administración de empresas públicas o en organismos como los consejos económicos sociales.
En España, según CEOE, hay 4.127 liberados sindicales a tiempo completo, con un coste para las empresas de 250 millones de euros. Si contamos los delegados y el coste del empleo de las horas sindicales, su número podría superar los 57.000 y su coste los 1.500 millones.
Transparencia
El secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Unión Sindical Obrera (USO), José Luis Fernández Santillana, comenta a LA GACETA: “Es incontrolable el dinero que reciben los sindicatos de todos los ministerios. Aparte de lo que se publica en el BOE, reciben otras cantidades y no se pueden cuantificar todas. Seguro que ni el Estado sabe el dinero que destina a las centrales sindicales”.
Fernández Santillana asegura que desde USO lo que se pide es que “se acabe con la opacidad del dinero recibido. Todo debería ser controlado, auditado y sometido a luz y taquígrafos. Los ciudadanos deben saber qué se hace con su dinero”.
El secretario de Comunicación de USO pone énfasis en el escándalo que suponen “las fundaciones privadas creadas a la sombra de los sindicatos y que se mantienen en un 100% gracias al dinero público. Es una manera de escapar del control. Todo lo que sale en el BOE puede ser impugnado, pero lo que no aparece en el BOE no lleva ningún tipo de control. Cuando se denuncia, la Audiencia Nacional dice que, al ser una fundación privada, debe tratarse por el Código Civil..., y así se escapan de los controles”.
Desde las autonomías del PP se pretende poner freno a los dispendios relacionados con los sindicatos. Primero fue Castilla-La Mancha, que de la mano de María Dolores de Cospedal decidió suprimir 500 liberados sindicales para ahorrar 20 millones de euros. Luego fue José Ramón Bauzá quien hizo lo propio en Baleares ante la “grave situación económica”.
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