
La información destapa el mecanismo que ambas centrales sindicales emplean en cada Expediente de Regulación de Empleo y en los últimos años ha habido mucho. Concretamente, según cifras oficiales entre 2008 y 2010 el número de trabajadores afectados por un ERE sobrepasó ligeramente el millón de personas y el número de expedientes llevados a efecto alcanzó los 42.858.
Las centrales sindicales detraen de las indemnizaciones por despido que reciben estos trabajadores entre un 5 y un 10% en concepto de asesoría, "como cualquier bufete de abogados", se defiende en las páginas de este diario Antonio García, responsable de los servicios jurídicos de CCOO. En cambio, según varios despachos de abogados, el problema es mayor porque "existe un problema de competencia. Al margen de la representatividad que tengan, pactan las facturas para cobrar lo mismo. Es un comportamiento irregular, con una falta absoluta de transparencia".
En resumen y según los cálculos de este diario, los sindicatos obtienen por cada "ERE de tamaño medio, al menos, entre los 100.000 y los 300.000 euros". Además ponen un ejemplo, el de Fibracolor, una empresa participada por la generalidad de Cataluña, que pagó 1.000 euros por trabajador, lo que permitió a los sindicatos embolsarse cerca de 280.000 euros en un conflicto laboral que acabó con el cierre de la empresa hace tres años.
Si no efectúan el cobro por representatividad y asesoría jurídica en la negociación, lo hacen mediante facturas que responsen a estudios o informes que nunca llegan a ver la luz, dice El Economista. Algunas empresas denuncian que estos informes suelen ser facturados por sociedades instrumentales, especialmente cuando, como suele ocurrir con las multinacionales, la dirección se niega a pagar a los sindicatos".
El Economista
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