El Patronato de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL), compuesto por las Administraciones centrales y autonómicas, CEOE-CEPYME, UGT, CCOO, CIG y ELA, ha aprobado recientemente la asignación de recursos para las acciones de 2010, denegando sistemáticamente y en bloque los proyectos para las Ayudas Indirectas Territoriales que la USO presentó desde 10 comunidades autónomas y asignando recursos exclusivamente a los miembros de la parte social de su Patronato.
“En las denegaciones no constan los motivos a partir de los cuales se ha procedido a la exclusión total de USO, simplemente se ha argumentado que `a la vista de las solicitudes recibidas y de los recursos disponibles´ no ha sido posible su aprobación. Por lo que desde USO denunciamos que la concesión de estas acciones se ha realizado hasta el límite de la dotación presupuestada”, apunta Sara García, Secretaria de Salud Laboral de USO.
Es decir, que las organizaciones solicitantes y a su vez miembros del Patronato, que son juez y parte en todo el proceso, han afinado la cuantía de sus proyectos al céntimo hasta llegar a la cantidad límite presupuestada. Desde USO denunciamos que, desde la FPRL no se tienen en cuenta criterios como la calidad o la necesidad de los proyectos para asignar los recursos.
La prevención, un derecho de los trabajadores, no un privilegio de las organizaciones.Por otro lado, el significativo reparto porcentual de los 19.314.380,59€ asignados (47% Patronal, 1% CIG, 26% UGT y 26% CCOO), nos hace pensar que se vuelve a producir lo que denuncia el Tribunal de Cuentas en un reciente informe sobre la FPRL: “la existencia de un reparto previo del importe de la dotación inicial aprobado por el Patronato de la Fundación, no previsto legalmente”, así como la vulneración de los principios de concurrencia, transparencia, igualdad, objetividad y no discriminación.
Para García, “la gravedad de estos hechos aumenta, si se tiene en cuenta que estos fondos públicos se destinan a un ámbito como es el de la seguridad y la salud laboral. Asunto que afecta a la totalidad de los trabajadores, con total independencia de la afiliación a un sindicato u otro”. Para al USO, debería ser una materia abierta en la que exista la mayor participación posible y consensuada de todos los agentes afectados, en beneficio de la prevención, la lucha contra la siniestralidad laboral y el desarrollo de la cultura preventiva.
Desde USO exigimos al Ministerio de Trabajo e Inmigración y al Congreso de los Diputados que actúen en consecuencia, fiscalicen y velen por que los fondos públicos destinados a la seguridad y salud laboral y gestionados por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales se distribuyan realmente bajo los principios de transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación, y, que la Fundación cumpla su finalidad de mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, dejando de ser y actuar como una entidad privada.
“En las denegaciones no constan los motivos a partir de los cuales se ha procedido a la exclusión total de USO, simplemente se ha argumentado que `a la vista de las solicitudes recibidas y de los recursos disponibles´ no ha sido posible su aprobación. Por lo que desde USO denunciamos que la concesión de estas acciones se ha realizado hasta el límite de la dotación presupuestada”, apunta Sara García, Secretaria de Salud Laboral de USO.
Es decir, que las organizaciones solicitantes y a su vez miembros del Patronato, que son juez y parte en todo el proceso, han afinado la cuantía de sus proyectos al céntimo hasta llegar a la cantidad límite presupuestada. Desde USO denunciamos que, desde la FPRL no se tienen en cuenta criterios como la calidad o la necesidad de los proyectos para asignar los recursos.
La prevención, un derecho de los trabajadores, no un privilegio de las organizaciones.Por otro lado, el significativo reparto porcentual de los 19.314.380,59€ asignados (47% Patronal, 1% CIG, 26% UGT y 26% CCOO), nos hace pensar que se vuelve a producir lo que denuncia el Tribunal de Cuentas en un reciente informe sobre la FPRL: “la existencia de un reparto previo del importe de la dotación inicial aprobado por el Patronato de la Fundación, no previsto legalmente”, así como la vulneración de los principios de concurrencia, transparencia, igualdad, objetividad y no discriminación.
Para García, “la gravedad de estos hechos aumenta, si se tiene en cuenta que estos fondos públicos se destinan a un ámbito como es el de la seguridad y la salud laboral. Asunto que afecta a la totalidad de los trabajadores, con total independencia de la afiliación a un sindicato u otro”. Para al USO, debería ser una materia abierta en la que exista la mayor participación posible y consensuada de todos los agentes afectados, en beneficio de la prevención, la lucha contra la siniestralidad laboral y el desarrollo de la cultura preventiva.
Desde USO exigimos al Ministerio de Trabajo e Inmigración y al Congreso de los Diputados que actúen en consecuencia, fiscalicen y velen por que los fondos públicos destinados a la seguridad y salud laboral y gestionados por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales se distribuyan realmente bajo los principios de transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación, y, que la Fundación cumpla su finalidad de mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, dejando de ser y actuar como una entidad privada.
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