En la reunión de la Mesa General de la AGE celebrada ayer día 22/04/2010, hemos podido comprobar cómo la Administración es capaz de decir algo y lo contrario, puede retorcer las leyes como quiera, reconocer certificados donde no se incluyen datos, no reconocer certificados donde si figuran datos (los dos certificados emitidos por la misma Autoridad Laboral y en el mismo día), decir que se deben computar sectores y a la vez admitir certificados globales en otras Mesas de Negociación.
Hemos comprobado como con muy poca vergüenza la Administración impide votar decisiones que argumenta toma la mayoría "social" (UGT, CCOO y CSIF) sin tener ninguna capacidad legal para hacerlo, o ser capaces de mantener criterios diferentes en base al interés de algunos sindicatos. Este cumulo de situaciones se han producido en la reunión de la Mesa General de la AGE, donde el único objetivo era buscar algún resquicio legal para no reconocer la representatividad de la USO en la AGE, tal como lo certifican hasta tres certificados emitidos por la Dirección General de Trabajo del MTIN.
Todo esto solo tiene un nombre y se llama: PREVARICACIÓN. Esto es lo que ha hecho un Inspector de Trabajo (vergüenza para su colectivo), llamado Jose Maria del Castillo, embestido como Subdirector General de Relaciones Laborales del Ministerio de Presidencia y a la sazón Presidente de la Mesa General de Negociación de la AGE, y con un único fin en esta reunión: eliminar a USO de cualquier manera y como sea, de la Mesa (así lo manifestó delante de testigos el citado Inspector una vez acabada la reunión), y todo esto por mandato de Consuelo Rumí, la Secretaria de Estado de Función Pública, hasta no hace mucho tiempo dirigente de la UGT. Y con el silencio cómplice de una Directora General de Función Pública, Cristina Pérez-Prat que ha sido capaz de sobrevivir muchos años en la Administración con cargos de responsabilidad a pesar de su manifiesta incompetencia y marcado sectarismo.
Este es un pequeño resumen de la reunión de la Mesa General de Negociación de la AGE, y toda esta relación de los hechos acaecidos en la citada reunión, nos lleva a la siguiente situación:
Hasta el momento la Administración no ha revocado la Resolución de la Secretaria de Estado, donde decía que la USO era representativa y miembro de la Mesa General de la AGE, en base a los certificados emitidos por la Dirección Gral de Trabajo.
Nadie ha negado los certificados emitidos por la Dirección General de Trabajo, donde figura el 12 % de representación en la AGE.
La USO entiende que se está produciendo un situación de discriminación sindical grave y se ha generado una indefensión gravísima, provocada por la misma Administración, por lo que nos reservamos el derecho a ejercer cualquier tipo de acción judicial encaminada a restaurar los derechos sindicales laminados por decisiones políticas que poco tienen que ver con la objetividad que la Administración debería mantener como garante de los derechos fundamentales de una organización sindical representativa en la AGE.
Adjuntamos el certificado que la Administración nos ha presentado en la reunión, donde no figura ningún tipo de computo y el presentado por USO, donde figura el número de delegados por organizaciones sindicales y el total de delegados, donde se puede comprobar claramente los porcentajes de cada organización sindical, y en donde USO tiene un total de 849 delegados (funcionarios y laborales) de un total de 7.052, lo que supone un 12 % de representación en la AGE.
Por último debemos manifestar nuestra repulsa, por este comportamiento anti-sindical de la Administración, mejor dicho anti-USO. ¿Por qué nos tienen tanto miedo? ¿Por qué molesta nuestra presencia? ¿Qué tienen que ocultar? ¿Por qué somos objetivo a eliminar, llegando a presiones políticas ante la Vicepresidenta del Gobierno?
Hemos comprobado como con muy poca vergüenza la Administración impide votar decisiones que argumenta toma la mayoría "social" (UGT, CCOO y CSIF) sin tener ninguna capacidad legal para hacerlo, o ser capaces de mantener criterios diferentes en base al interés de algunos sindicatos. Este cumulo de situaciones se han producido en la reunión de la Mesa General de la AGE, donde el único objetivo era buscar algún resquicio legal para no reconocer la representatividad de la USO en la AGE, tal como lo certifican hasta tres certificados emitidos por la Dirección General de Trabajo del MTIN.
Todo esto solo tiene un nombre y se llama: PREVARICACIÓN. Esto es lo que ha hecho un Inspector de Trabajo (vergüenza para su colectivo), llamado Jose Maria del Castillo, embestido como Subdirector General de Relaciones Laborales del Ministerio de Presidencia y a la sazón Presidente de la Mesa General de Negociación de la AGE, y con un único fin en esta reunión: eliminar a USO de cualquier manera y como sea, de la Mesa (así lo manifestó delante de testigos el citado Inspector una vez acabada la reunión), y todo esto por mandato de Consuelo Rumí, la Secretaria de Estado de Función Pública, hasta no hace mucho tiempo dirigente de la UGT. Y con el silencio cómplice de una Directora General de Función Pública, Cristina Pérez-Prat que ha sido capaz de sobrevivir muchos años en la Administración con cargos de responsabilidad a pesar de su manifiesta incompetencia y marcado sectarismo.
Este es un pequeño resumen de la reunión de la Mesa General de Negociación de la AGE, y toda esta relación de los hechos acaecidos en la citada reunión, nos lleva a la siguiente situación:
Hasta el momento la Administración no ha revocado la Resolución de la Secretaria de Estado, donde decía que la USO era representativa y miembro de la Mesa General de la AGE, en base a los certificados emitidos por la Dirección Gral de Trabajo.
Nadie ha negado los certificados emitidos por la Dirección General de Trabajo, donde figura el 12 % de representación en la AGE.
La USO entiende que se está produciendo un situación de discriminación sindical grave y se ha generado una indefensión gravísima, provocada por la misma Administración, por lo que nos reservamos el derecho a ejercer cualquier tipo de acción judicial encaminada a restaurar los derechos sindicales laminados por decisiones políticas que poco tienen que ver con la objetividad que la Administración debería mantener como garante de los derechos fundamentales de una organización sindical representativa en la AGE.
Adjuntamos el certificado que la Administración nos ha presentado en la reunión, donde no figura ningún tipo de computo y el presentado por USO, donde figura el número de delegados por organizaciones sindicales y el total de delegados, donde se puede comprobar claramente los porcentajes de cada organización sindical, y en donde USO tiene un total de 849 delegados (funcionarios y laborales) de un total de 7.052, lo que supone un 12 % de representación en la AGE.
Por último debemos manifestar nuestra repulsa, por este comportamiento anti-sindical de la Administración, mejor dicho anti-USO. ¿Por qué nos tienen tanto miedo? ¿Por qué molesta nuestra presencia? ¿Qué tienen que ocultar? ¿Por qué somos objetivo a eliminar, llegando a presiones políticas ante la Vicepresidenta del Gobierno?
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