Cuando todavía no hemos asimilado el recorte de las pensiones públicas pactado, se aprueba el Real Decreto-Ley 2/2011 “para el reforzamiento del sistema financiero”, que va acompañado de una nueva inyección pública de miles de millones de euros. No deja de ser paradójico que, en plena época de “reformas estructurales” y de recortes sociales destinados al ahorro en el gasto público, no falte dinero, sin embargo, para ayudar a los bancos y las cajas.
Pero lo que me parece más contradictorio es el razonamiento que se esgrime en la Exposición de Motivos de esta norma para justificar la actuación: “ayudar al sector financiero para que pueda cumplir su función principal de canalizar el crédito a la economía, las familias y las pequeñas y medianas empresas”. Yo me pregunto, ¿cómo nos quieren intentar vender “esta moto”, cuando, según la propia Ministra, ya se han aprobado unos 100.000 millones € en ayudas públicas a este mismo sector y el crédito se recorta cada día más, asfixiando a miles de familias y empresas? Es como si para intentar dar de comer a la población hambrienta de un país reprimido, se le concedieran multimillonarias ayudas a su dictador y cuando se comprobara que la gente se sigue muriendo, en lugar de mirar la malversación de los fondos por el gobernante, se otorgara más dinero al déspota corrupto, sin exigirle nada.
Hasta los propios presidentes de estas empresas no tienen empacho en decir públicamente que “estas medidas pueden servir para salvar entidades, pero no para restituir los créditos”. Si hubiera voluntad política para restablecer los préstamos a la economía real, las ayudas se canalizarían directamente a través del Instituto de Crédito Oficial o se establecería una banca pública. Incluso, se podrían adoptar medidas para ayudar a los ciudadanos y a los bancos, a la vez. Por ejemplo, mediante un sistema de pago de las hipotecas de las familias, a las que esas entidades de crédito desahucian cada día. El Estado podría adquirir, de esta forma, un importante parque de viviendas que alquilaría, con opción de compra, a esos mismos ciudadanos, haciendo efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna.
El crédito no fluirá, además, porque disminuirá la competencia en el sector, al producirse una concentración del poder financiero en manos de menos agentes. Piénsese que la norma, en realidad, supone un cierto desmantelamiento de las Cajas de Ahorro y su obra social, obligándolas a convertirse en bancos o abrirse al capital privado. Las menos solventes, que no puedan cumplir los requisitos de reservas y liquidez serán ayudadas con dinero público del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que se aprobó con una dotación ampliable de hasta 99.000 millones €.
Por otro lado, aunque se ha transmitido a la opinión pública que la inyección de dinero público se realizará mediante una “nacionalización transitoria” de las cajas, después de leer el articulado de la norma, da la impresión de que se trata de una medida para sanear este tipo de entidades y ponérselas en bandeja a los bancos y fondos de inversión. Y ello, por las siguientes razones:
1ª) Porque es posible que del FROB compre las acciones de esas entidades a un precio superior al de su posterior transmisión. Ahí está el ejemplo de Caja Castilla-La Mancha, donde el Banco de España da por perdidos 600 millones € de la intervención, tras la integración de su negocio en el Banco Liberta. Piénsese que la norma que se analiza no exige que la reventa se realice, como mínimo, por lo mismo que se ha pagado. El precio de adquisición lo fijarán unos supuestos expertos “independientes” nombrados por la Comisión Rectora del FROB que, a pesar de gestionar dinero público, está formada mayoritariamente por representantes de los bancos y del sector financiero. No hay ninguna persona designada por el Parlamento, y la Intervención General de la Administración del Estado, que sería la única que podría velar por la legalidad y la justicia de las decisiones, sólo tiene voz, pero no voto y sus informes no son vinculantes.
2ª) Tampoco se puede hablar de “nacionalización”, porque no somos nosotros, a través de nuestros representantes democráticamente elegidos, los que nos incorporaremos a los órganos de administración de esas entidades, pudiendo exigir, por ejemplo, el restablecimiento del crédito a las pymes. Qué casualidad que las personas que allí se sienten, gracias a nuestro dinero, serán nombradas por esa Junta Rectora del FROB. Parece que, una vez más, los banqueros se las han ingeniado para ganar, en detrimento de la ciudadanía.
Pero, lo peor de todo es que no tenemos ese dinero para entregárselo al sector financiero. Tendremos que acudir a la deuda pública para obtenerlo. Lo que implica que seguiremos con la dinámica diabólica en la que nuestros propios dirigentes nos han metido: ese mismo sector financiero nos exigirá nuevos recortes sociales para comprarnos la deuda pública que hemos adquirido, precisamente, para ayudarlo. En este sentido, el presidente del Gobierno ya ha anunciado una nueva profundización en la reforma laboral aprobada hace unos meses, además de limitaciones legales al gasto de las Comunidades Autónomas, que son los entes con competencia en educación y sanidad, sin proponer vías alternativas de de financiación para estos servicios.
En definitiva, con estas nuevas ayudas aprobadas al sector financiero nos perjudicamos doblemente: le damos a los bancos un dinero que no tenemos y que, en todo caso, podríamos utilizar para otros fines sociales y, al mismo tiempo, les permitimos que nos pongan de rodillas, otra vez, ante sus pretensiones privatizadoras, sin exigirles, al menos, que nos devuelvan lo mismo que les prestamos, que supriman sus filiales en los paraísos fiscales, que acepten un impuesto a las transacciones financieras, que eliminen las cláusulas suelo de las hipotecas y los seguros leoninos sobre intereses de los préstamos, que paralicen los desahucios, que se salden las deudas con la entrega de los inmuebles, y que sean ellos los que paguen los platos rotos de la crisis que han provocado.
Por tanto, digo alto y claro: no más ayudas millonarias a los bancos con
nuestros impuestos, nuestra deuda y nuestros recortes.
Miguel A. Luque Mateo
