Los funcionarios del sector público estatal trabajan desde hace años 37,5 horas a la semana en virtud de una resolución dictada en diciembre de 2005 por la entonces Secretaría General de Administración Pública, de la que era titular Francisco Velázquez.
Según el texto de aquella resolución, la duración máxima de la jornada laboral en la Administración General del Estado quedaba establecida en 37,5 horas semanales de trabajo efectivo, equivalente a 1.647 horas anuales.
No obstante, el personal obligado a prestar servicio "en régimen de especial dedicación" tiene una jornada de 40 horas semanales, sin perjuicio de que deba trabajar más horas por necesidades propias del servicio.
El pasado viernes, el Gobierno del PP aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito económico en el que establecía que, a partir del 1 de enero de 2012, para el conjunto del sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo deberá tener un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos.
Por eso, a muchos funcionarios que desempeñan su trabajo en la Administración General del Estado les ha llamado la atención que se establezca una jornada que ya tienen y que llevan años desempeñando, en virtud de una resolución que data de 2005.
Expertos consultados por Europa Press han indicado que la intención del Gobierno al incluir en el Real Decreto del viernes la obligación de tener una jornada semanal de 37,5 horas supone simplemente elevar a rango de ley una instrucción ya contenida en una resolución.
Asimismo, entienden que puede ser también un toque de atención para que en aquellos organismos públicos donde pueda estar vigente una jornada semanal de 35 horas se llegue a las 37,5 horas semanales.
No obstante, y en general, las fuentes consultadas insisten en que en la mayor parte de la Administración General del Estado se hace ya una jornada semanal de 37,5 horas, salvo el personal de especial dedicación, que hace al menos 40 horas a la semana.
También llama la atención el hecho de que en las referencias que se publicaron tras el Consejo de Ministros del viernes se señalara que los funcionarios del Estado que decidieran quedarse con la jornada de 35 horas semanales verían reducido su salario de manera proporcional.
En el Boletín Oficial del Estado (BOE) del sábado donde se publicaba el Real Decreto-ley, esa mención al recorte del salario no está especificada en ningún apartado.
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