El pasado 5 de julio, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, hemos presentado Recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 25 de mayo de 2010 de la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas.
La pretensión fundamental de este Recurso es obtener la nulidad de la Resolución, entre otros motivos, por haber sido dictada en aplicación de un Real Decreto inconstitucional que vulnera el derecho a la negociación colectiva reconocido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el EBEP, al no haberse negociado con las organizaciones sindicales y afectar a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los empleados públicos.
Apoyado en numerosa jurisprudencia, el recurso presentado por la USO se basa en que no es posible disminuir el montante consolidado de las retribuciones salariales, porque opera el concepto de “derechos adquiridos”, como avalan las sentencias que adjuntamos.
También creemos que ha existido una vulneración del articulo 9.3 de la Constitución, que garantiza la irretroactividad de las Leyes, así como del articulo 14, que garantiza el principio de igualdad.
Por ello, en la propia demanda solicitamos al Tribunal que plantee una cuestión de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Creemos que ha habido una grave y flagrante vulneración del Texto Constitucional ya que el mismo se ha adoptado en ausencia de extraordinaria y urgente necesidad, y además afecta a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos al discriminar por sus circunstancias personales a unos empleados públicos respecto a otros (Grupo/ Subgrupo de clasificación, Puesto de Trabajo, Nivel de Complemento de destino, etc, etc.
En los próximos días, presentaremos recursos similares contra todas las Resoluciones dictadas por las CC.AA, Entes Locales y demás AAPP que hayan acordado reducciones salariales.
La pretensión fundamental de este Recurso es obtener la nulidad de la Resolución, entre otros motivos, por haber sido dictada en aplicación de un Real Decreto inconstitucional que vulnera el derecho a la negociación colectiva reconocido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el EBEP, al no haberse negociado con las organizaciones sindicales y afectar a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los empleados públicos.
Apoyado en numerosa jurisprudencia, el recurso presentado por la USO se basa en que no es posible disminuir el montante consolidado de las retribuciones salariales, porque opera el concepto de “derechos adquiridos”, como avalan las sentencias que adjuntamos.
También creemos que ha existido una vulneración del articulo 9.3 de la Constitución, que garantiza la irretroactividad de las Leyes, así como del articulo 14, que garantiza el principio de igualdad.
Por ello, en la propia demanda solicitamos al Tribunal que plantee una cuestión de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Creemos que ha habido una grave y flagrante vulneración del Texto Constitucional ya que el mismo se ha adoptado en ausencia de extraordinaria y urgente necesidad, y además afecta a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos al discriminar por sus circunstancias personales a unos empleados públicos respecto a otros (Grupo/ Subgrupo de clasificación, Puesto de Trabajo, Nivel de Complemento de destino, etc, etc.
En los próximos días, presentaremos recursos similares contra todas las Resoluciones dictadas por las CC.AA, Entes Locales y demás AAPP que hayan acordado reducciones salariales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario