El acuerdo entre la Administración y los sindicatos CCOO-UGT recoge que para 2010 la subida salarial sea del 0,3%. Además, han acordado que La Administración incorpore en los presupuestos de 2012 la compensación de la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos que pudiera producirse durante la vigencia del presente Acuerdo. Por otro lado también han acordado las centrales sindicales y el gobierno aumentar las aportaciones al plan de pensiones de la AGE, el 0'3 el 2010, el 0'5 el 2011 y el 0'7 el 2012. Tan importante atención a los fondos de pensiones tiene la explicación en que UGT y CCOO gestionan el fondo de pensiones de los funcionarios a través de una empresa de la que son accionistas, cobrando por ello, claro, y otros muchos fondos de pensiones. ¿En cuánto les ha beneficiado esta subida del fondo? Este plan de pensiones se recogió en los acuerdos alcanzados a finales de 2002 entre el Gobierno del Partido Popular y los sindicatos de la función pública, dentro del proceso de reconducción del diálogo social tras la huelga general del 20 de junio de ese año. La adjudicación del plan se le encomendó a una Comisión Promotora, que estaba formada por 22 miembros, 11 representantes de la Administración y 11 de los trabajadores. De estos últimos, 4 eran de CCOO, 4 de UGT y 3 de CSI-CSIF. El 5 de abril de 2004, ya con Zapatero como presidente del gobierno, se publicó en el BOE el anuncio del concurso de adjudicación. Se estableció una fase final en la que concurrieron las propuestas de BBVA-GGP, "La Caixa", Banesto-Fonditel y Caser, tras haber quedado eliminadas previamente las ofertas de Banco Popular, Banco Sabadell y Caja Madrid. Cada una de estas entidades presentó dos ofertas, una como gestora y otra como depositaria. El 6 de julio de 2004, siendo Ministro de Administración Pública Jordi Sevilla, la Comisión Promotora adjudicó el concurso a la empresa Gestión de Previsión y Pensiones. Pero, ¿quiénes forman esta empresa? Su accionariado está compuesto por los siguientes socios: 70 por ciento BBVA, 15 por ciento, CCOO y 15 por ciento, UGT. Ambos sindicatos son también accionistas de Fonditel, otra gestora que quedó finalista. Gestión de Previsión y Pensiones es una empresa que genera importantes ganancias anuales, con lo que CCOO y UGT actúan en la gestión de estos fondos como empresarios. Este fondo de los empleados de la Administración Pública es el mayor fondo de pensiones de Europa y tenía una aportación inicial de 54,65 millones de euros, equivalente al 0,5% de la masa salarial de los 523.000 empleados públicos, con al menos dos años de servicio. Es sabido que los empleados que conforman la Administración central causan alta automática en el Plan de la AGE, con independencia de que sea funcionario de carrera o interino, personal contratado, trabajador eventual o alto cargo de la Administración General del Estado, siempre que no renuncie a ese derecho. Junto a los funcionarios son también partícipes los magistrados, jueces, fiscales, Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El sindicato CGT ha indicado que la empresa Gestión de Previsión y Pensiones a diciembre de 2008 tiene una plantilla formada por 1 Directivo, 15 Técnicos y 3 Administrativos, con una masa salarial de 1.315.692,94 Euros, una media salarial casi 70.000 Euros y una incentivación para el “equipo directivo” en 2008 de 246.842,98 Euros.
La participación de CCOO y UGT en la designación de ellos mismos como gestores de los planes de pensiones, ¿es legal? Fue la revista Interviú quien destapó este entuerto. Según ella: "De acuerdo con la legislación sobre régimen jurídico de las administraciones y sobre contratos públicos, la adjudicación del plan de pensiones podría ser ilegal, ya que están obligados a abstenerse en el proceso de contratación quienes tengan intereses en las empresas adjudicatarias. Por tanto, los ocho miembros de CCOO y UGT en la Comisión Promotora no podrían haber participado en la decisión." Sin embargo, el Ministerio de Administraciones Públicas mantuvo que la adjudicación fue “absolutamente legal”, ya que el contrato firmado “tiene naturaleza privada”. Es más, el portavoz del ministerio que dirige Jordi Sevilla consideró de “sentido común” que los sindicatos estén en el accionariado de la empresa adjudicataria, “ya que es una forma de controlar y defender los intereses de los trabajadores”. Una afirmación que, como sabe cualquier persona que tenga conocimientos mínimos sobre la economía de mercado, resulta incorrecta: el control de la gestión corresponde a los miembros del consejo de administración, mientras que los accionistas son los dueños de la empresa que se reparten los beneficios obtenidos. Para controlar la gestión, por tanto, no es necesario ser accionista. En defensa de que el contrato no tiene naturaleza pública, el ministerio se apoyó en un informe elaborado por la Abogacía del Estado. En dicho informe, se concluye que la Comisión Promotora del plan de pensiones “no es un órgano de la Administración Pública”. En consecuencia, los contratos que firme dicha Comisión Promotora deben someterse a la normativa privada, en este caso la Ley Reguladora de los Planes y Fondos de Pensiones. El informe fue firmado por el anterior abogado general del Estado, Arturo García-Tizón, el 31 de marzo de 2004. Hay que destacar que, en el mismo informe de Tizón, se señala textualmente que los miembros de la Comisión Promotora “adoptaron voluntariamente la opción de someter la adjudicación del contrato a las previsiones de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), como garantía de objetividad y transparencia del proceso”. El ministerio de Sevilla mantiene que esta decisión “se cumplió”, aunque parece claro que la LCAP prohíbe la autocontratación practicada por los sindicatos. La adjudicación fue recurrida por dos organizaciones sindicales que la consideran ilegal. Un portavoz de CSIT-UP, que cuenta sobre todo con representación en Madrid, anunció el pasado mes de julio en el diario El Mundo su decisión de pedir que se anulase el contrato. Además, la Federación de Sindicatos de la Administración Pública ha presentado otro recurso en el mismo sentido. Esta federación, que ha logrado entrar a formar parte de la Mesa General de la Función Pública tras las últimas elecciones, ha enviado una carta al ministro Jordi Sevilla explicándole las supuestas irregularidades. Los beneficios de UGT y CCOO por gestionar la empresa GPP,SA La CGT da la siguiente información sobre dicho plan a diciembre 2008(Toda la información oficial está en esta dirección web: http://www.dgsfp.meh.es/sector/balancesycuentasPF.asp GESTIÓN DE PREVISIÓN Y PENSIONES S.A. (empresa Gestora de nuestro Fondo de Pensiones) RESULTADOS EJERCICIO-2008 Capital 7.350.000 Eur Reserva legal 1.470.000 Eur Reservas voluntarias 11.818.092,47 Eur Patrimonio neto 25.634.057 Eur Beneficio Neto 2008 3.535.525,40 Eur Beneficio Neto 2007 4.788.000 Eur Beneficio Neto 2006 3.095.000 Eur A dividendo 2008 3.535.525,40 Eur para sus propietarios: BBVA (60%), CCOO (20%) y UGT (20%). Luego, en 2008, Comisiones Obreras se llevó 707.000 euros por la gestión. UGT lo mismo. y el BBA la diferencia. S les sumamos los ingresos desde 2006, UGT y CCOO sólo por la gestión de un fondo que ellos mismos se autoadjudicaron percibieron más de 2 millones de euros cada una. Aunque pueda parecer extraño, la plantilla que gestiona 4.412.588.194, 63 Eur consta de 1 Directivo, 15 Técnicos y 3 Administrativos.
La participación de CCOO y UGT en la designación de ellos mismos como gestores de los planes de pensiones, ¿es legal? Fue la revista Interviú quien destapó este entuerto. Según ella: "De acuerdo con la legislación sobre régimen jurídico de las administraciones y sobre contratos públicos, la adjudicación del plan de pensiones podría ser ilegal, ya que están obligados a abstenerse en el proceso de contratación quienes tengan intereses en las empresas adjudicatarias. Por tanto, los ocho miembros de CCOO y UGT en la Comisión Promotora no podrían haber participado en la decisión." Sin embargo, el Ministerio de Administraciones Públicas mantuvo que la adjudicación fue “absolutamente legal”, ya que el contrato firmado “tiene naturaleza privada”. Es más, el portavoz del ministerio que dirige Jordi Sevilla consideró de “sentido común” que los sindicatos estén en el accionariado de la empresa adjudicataria, “ya que es una forma de controlar y defender los intereses de los trabajadores”. Una afirmación que, como sabe cualquier persona que tenga conocimientos mínimos sobre la economía de mercado, resulta incorrecta: el control de la gestión corresponde a los miembros del consejo de administración, mientras que los accionistas son los dueños de la empresa que se reparten los beneficios obtenidos. Para controlar la gestión, por tanto, no es necesario ser accionista. En defensa de que el contrato no tiene naturaleza pública, el ministerio se apoyó en un informe elaborado por la Abogacía del Estado. En dicho informe, se concluye que la Comisión Promotora del plan de pensiones “no es un órgano de la Administración Pública”. En consecuencia, los contratos que firme dicha Comisión Promotora deben someterse a la normativa privada, en este caso la Ley Reguladora de los Planes y Fondos de Pensiones. El informe fue firmado por el anterior abogado general del Estado, Arturo García-Tizón, el 31 de marzo de 2004. Hay que destacar que, en el mismo informe de Tizón, se señala textualmente que los miembros de la Comisión Promotora “adoptaron voluntariamente la opción de someter la adjudicación del contrato a las previsiones de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), como garantía de objetividad y transparencia del proceso”. El ministerio de Sevilla mantiene que esta decisión “se cumplió”, aunque parece claro que la LCAP prohíbe la autocontratación practicada por los sindicatos. La adjudicación fue recurrida por dos organizaciones sindicales que la consideran ilegal. Un portavoz de CSIT-UP, que cuenta sobre todo con representación en Madrid, anunció el pasado mes de julio en el diario El Mundo su decisión de pedir que se anulase el contrato. Además, la Federación de Sindicatos de la Administración Pública ha presentado otro recurso en el mismo sentido. Esta federación, que ha logrado entrar a formar parte de la Mesa General de la Función Pública tras las últimas elecciones, ha enviado una carta al ministro Jordi Sevilla explicándole las supuestas irregularidades. Los beneficios de UGT y CCOO por gestionar la empresa GPP,SA La CGT da la siguiente información sobre dicho plan a diciembre 2008(Toda la información oficial está en esta dirección web: http://www.dgsfp.meh.es/sector/balancesycuentasPF.asp GESTIÓN DE PREVISIÓN Y PENSIONES S.A. (empresa Gestora de nuestro Fondo de Pensiones) RESULTADOS EJERCICIO-2008 Capital 7.350.000 Eur Reserva legal 1.470.000 Eur Reservas voluntarias 11.818.092,47 Eur Patrimonio neto 25.634.057 Eur Beneficio Neto 2008 3.535.525,40 Eur Beneficio Neto 2007 4.788.000 Eur Beneficio Neto 2006 3.095.000 Eur A dividendo 2008 3.535.525,40 Eur para sus propietarios: BBVA (60%), CCOO (20%) y UGT (20%). Luego, en 2008, Comisiones Obreras se llevó 707.000 euros por la gestión. UGT lo mismo. y el BBA la diferencia. S les sumamos los ingresos desde 2006, UGT y CCOO sólo por la gestión de un fondo que ellos mismos se autoadjudicaron percibieron más de 2 millones de euros cada una. Aunque pueda parecer extraño, la plantilla que gestiona 4.412.588.194, 63 Eur consta de 1 Directivo, 15 Técnicos y 3 Administrativos.
Escrito por Por Andalucía Libre
viernes, 18 de septiembre de 2009
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