El universo de acción, y por ende, de enriquecimiento de los sindicatos Comisiones Obreras(CC OO) y Unión General del Trabajador (UGT) resulta infinito. A las cuotas de sus afiliados, las millonarias subvenciones que reciben de distintos ministerios, especialmente del de Trabajo, la financiación estatal de cursos de formación continua o los sobresueldos de empresas públicas que ya recibe la mitad de los dirigentes de estos sindicatos de clase, hay que sumar otro importante caladero del que se nutren para promover la agitación social.
Desde el año 2004, con la llegada al poder del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, las centrales fueron designadas para formar parte de la firma que dirige el Plan de Pensiones de la Administración del Estado, con un accionariado del 30% (15% cada una). El 70% restante está en manos de la entidad financiera BBVA.
Sin embargo, ha sido en los últimos 12 meses cuando UGT y Comisiones Obreras han visto cómo incrementaban a mayor ritmo sus ganancias en concepto de comisiones por la gestión de este programa.
Según datos oficiales y perfectamente contrastados a los que ha accedido LA GACETA, las entidades que lideran Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo se han embolsado en dicho año la suma total de medio millón de euros. Resulta llamativo que estos sindicatos se estén lucrando con su presencia en el citado equipo rector del plan estatal de pensiones, cuando los propios funcionarios van a sufrir una congelación salarial de las mismas en toda regla en el entrante 2011.
En concreto, en el tercer trimestre de 2009, los principales convocantes de la huelga general del 29-S (condenada ya de salida prácticamente al fracaso) percibieron comisiones en esta materia por valor de 97.924,5 euros. Al siguiente trimestre, en alza, obtuvieron 100.946,7 euros. Y en lo que va del presente año, la cantidad contabilizada asciende, de momento, a los 331.395 euros. La fórmula mágica para lograr semejante aumento de beneficio ha consistido en ir incrementado el porcentaje de gasto de gestión que afecta a las comisiones, pasando de un 10% a un 15% sobre un patrimonio que ronda los 500 millones de euros. Éste se compone de 583.342 partícipes. Por contra, otras entidades sindicales no alineadas con UGT yCC OO, que critican esta fuente de financiación “extra”, han venido denunciando que empleados públicos de la Administración General del Estado estén perdiendo parte del dinero abonado como “salario diferido” por el saldo negativo de las inversiones que acomete en su nombre la comisión denominada Gestión de Previsión y Pensiones (EGFP). Desde el inicio, la mayoría de los ejercicios se cerraron con pérdidas, que se elevaron, por ejemplo, a un acumulado del 6% en 2008. Según el sindicato CGT, la empresa Gestión de Previsión y Pensiones, que no es un órgano de la Administración Pública al uso, disponía el pasado año de una plantilla formada por 1 directivo, 15 técnicos y 3 administrativos.
A su vez, la caracterizaba una masa salarial de 1.315.692,94 euros, casi 70.000 euros de media, y ofrecía una incentivación anual para los puestos directivos de 246.842,98 euros. No obstante, UGT y CC OO, que integran también el accionariado de Fonditel, una de las gestoras que concurrió a la adjudicación del Plan General de Pensiones en 2004, sacan partido igualmente al sector privado. El pasado febrero, LA GACETA informó del celo con que Toxo oculta el hecho de presidir él mismo la Consultora de Pensiones y Previsión Social, Sociedad de Asesores SL, la cual que desde hace años acumula suculentos ingresos por la gestión de fondos de pensiones de sus afiliados, aquellos que no pertenecen a la función pública.
Fue el 1 de julio de 2005, cuando el consejo de administración le situó al frente del mismo, en sustitución de su compañero Fernando Puig-Samper. Este negocio que maneja Toxo, a cuya dirección llegó siendo secretario de Políticas Sectoriales, declaró en un solo ejercicio beneficios de 91.680 euros. El futuro bienestar del trabajador, al servicio de la ambición de unos cuantos.
Desde el año 2004, con la llegada al poder del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, las centrales fueron designadas para formar parte de la firma que dirige el Plan de Pensiones de la Administración del Estado, con un accionariado del 30% (15% cada una). El 70% restante está en manos de la entidad financiera BBVA.
Sin embargo, ha sido en los últimos 12 meses cuando UGT y Comisiones Obreras han visto cómo incrementaban a mayor ritmo sus ganancias en concepto de comisiones por la gestión de este programa.
Según datos oficiales y perfectamente contrastados a los que ha accedido LA GACETA, las entidades que lideran Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo se han embolsado en dicho año la suma total de medio millón de euros. Resulta llamativo que estos sindicatos se estén lucrando con su presencia en el citado equipo rector del plan estatal de pensiones, cuando los propios funcionarios van a sufrir una congelación salarial de las mismas en toda regla en el entrante 2011.
En concreto, en el tercer trimestre de 2009, los principales convocantes de la huelga general del 29-S (condenada ya de salida prácticamente al fracaso) percibieron comisiones en esta materia por valor de 97.924,5 euros. Al siguiente trimestre, en alza, obtuvieron 100.946,7 euros. Y en lo que va del presente año, la cantidad contabilizada asciende, de momento, a los 331.395 euros. La fórmula mágica para lograr semejante aumento de beneficio ha consistido en ir incrementado el porcentaje de gasto de gestión que afecta a las comisiones, pasando de un 10% a un 15% sobre un patrimonio que ronda los 500 millones de euros. Éste se compone de 583.342 partícipes. Por contra, otras entidades sindicales no alineadas con UGT yCC OO, que critican esta fuente de financiación “extra”, han venido denunciando que empleados públicos de la Administración General del Estado estén perdiendo parte del dinero abonado como “salario diferido” por el saldo negativo de las inversiones que acomete en su nombre la comisión denominada Gestión de Previsión y Pensiones (EGFP). Desde el inicio, la mayoría de los ejercicios se cerraron con pérdidas, que se elevaron, por ejemplo, a un acumulado del 6% en 2008. Según el sindicato CGT, la empresa Gestión de Previsión y Pensiones, que no es un órgano de la Administración Pública al uso, disponía el pasado año de una plantilla formada por 1 directivo, 15 técnicos y 3 administrativos.
A su vez, la caracterizaba una masa salarial de 1.315.692,94 euros, casi 70.000 euros de media, y ofrecía una incentivación anual para los puestos directivos de 246.842,98 euros. No obstante, UGT y CC OO, que integran también el accionariado de Fonditel, una de las gestoras que concurrió a la adjudicación del Plan General de Pensiones en 2004, sacan partido igualmente al sector privado. El pasado febrero, LA GACETA informó del celo con que Toxo oculta el hecho de presidir él mismo la Consultora de Pensiones y Previsión Social, Sociedad de Asesores SL, la cual que desde hace años acumula suculentos ingresos por la gestión de fondos de pensiones de sus afiliados, aquellos que no pertenecen a la función pública.
Fue el 1 de julio de 2005, cuando el consejo de administración le situó al frente del mismo, en sustitución de su compañero Fernando Puig-Samper. Este negocio que maneja Toxo, a cuya dirección llegó siendo secretario de Políticas Sectoriales, declaró en un solo ejercicio beneficios de 91.680 euros. El futuro bienestar del trabajador, al servicio de la ambición de unos cuantos.
La Gaceta
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