El pasado día 9 de febrero tuvo lugar una reunión de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, formando la parte social USO, CIG, CSI.F, CC.OO. y UGT. Empezó dicha reunión revisando el borrador del “Documento de medidas para el desarrollo de la prevención de RR.LL. en la Administración General del Estado”.
Nada más comenzar su análisis, USO constató la falta de voluntad de la Administración de dotar al documento de la seriedad y el rigor necesarios para aplicar de forma precisa dichas medidas.
En concreto USO propuso que la Administración facilitase a los delegados y delegadas de prevención, sea cual fuere la condición de éstos (miembros de la Junta de Personal, de los Comités de Empresa o Delegados de Personal u otros), un crédito horario suficiente para el desempeño de sus funciones como delegado de prevención. Puso como ejemplo el de un delegado de personal que con 15 horas mensuales tiene la obligación de atender a sus compañeros, los asuntos propios de su centro de trabajo, asistir a las reuniones (si procede) del Comité Provincial y realizar cuantos estudios, informes o análisis se le requieran en materia preventiva. CIG se sumó a esta propuesta.
Lamentablemente la Administración contestó manifestando que los “Delegados de Prevención eran cosa de los sindicatos y que eran problema de ellos. La Administración apuesta por su organización, que apuesten los sindicatos por los delegados de prevención que para eso la Ley dice que son suyos…”
USO RECHAZÓ FRONTALMENTE ESTE PLANTEAMIENTO, por cuanto supone una doble vara de medir: por un lado el documento establece un procedimiento para dotar de crédito horario a los Empleados Públicos Designados (EPD’s) al considerarlos la Administración “suyos”, y por otro lado, niega esta posibilidad a los Delegados de Prevención, al considerarlos “de los sindicatos”.
USO entiende, y así lo manifestó en la reunión, que se trata de un planteamiento erróneo, entendiendo la Administración el sistema preventivo en la AGE como una confrontación donde existen dos bandos: los míos y los de los sindicatos. Sobran así los preámbulos y cualquier otra manifestación bien intencionada, cuando los hechos hablan por sí solos.
Con algunos matices, el resto de la parte social discrepa igualmente de la posición de la Administración por lo que ésta, de forma unilateral, decide retirar el documento así como su disposición a seguir examinando el resto del texto.
Para USO, no se pierde nada: al borrador le falta un mayor nivel de concreción y rigor pues abundan frases del tipo “Se consideran que deben desarrollarse los siguientes apartados…” o “Se considera de interés que la Dirección General de la Función Pública efectúe un seguimiento…” o “Posibilidad de realizar un seguimiento…” Dejando así muchas cuestiones a la consideración o interpretación no se sabe bien de quien.
A continuación se procedió a analizar el “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL EN LA AGE”, llegando en este caso a un mayor acercamiento entre las posturas de la Administración y de la parte social.
USO rechazó que entre las medidas correctoras de la situación de acoso se pudiera decidir con carácter obligatorio, el traslado provisional de la persona presuntamente acosada, manifestando que en todo caso este traslado debe tener carácter voluntario.
La Administración se comprometió a remitir un nuevo borrador en los próximos días en los que recogiesen las nuevas propuestas.
Por último se hizo una exposición del programa y las previsiones de acciones formativas en materia de prevención en 2011.
Nada más comenzar su análisis, USO constató la falta de voluntad de la Administración de dotar al documento de la seriedad y el rigor necesarios para aplicar de forma precisa dichas medidas.
En concreto USO propuso que la Administración facilitase a los delegados y delegadas de prevención, sea cual fuere la condición de éstos (miembros de la Junta de Personal, de los Comités de Empresa o Delegados de Personal u otros), un crédito horario suficiente para el desempeño de sus funciones como delegado de prevención. Puso como ejemplo el de un delegado de personal que con 15 horas mensuales tiene la obligación de atender a sus compañeros, los asuntos propios de su centro de trabajo, asistir a las reuniones (si procede) del Comité Provincial y realizar cuantos estudios, informes o análisis se le requieran en materia preventiva. CIG se sumó a esta propuesta.
Lamentablemente la Administración contestó manifestando que los “Delegados de Prevención eran cosa de los sindicatos y que eran problema de ellos. La Administración apuesta por su organización, que apuesten los sindicatos por los delegados de prevención que para eso la Ley dice que son suyos…”
USO RECHAZÓ FRONTALMENTE ESTE PLANTEAMIENTO, por cuanto supone una doble vara de medir: por un lado el documento establece un procedimiento para dotar de crédito horario a los Empleados Públicos Designados (EPD’s) al considerarlos la Administración “suyos”, y por otro lado, niega esta posibilidad a los Delegados de Prevención, al considerarlos “de los sindicatos”.
USO entiende, y así lo manifestó en la reunión, que se trata de un planteamiento erróneo, entendiendo la Administración el sistema preventivo en la AGE como una confrontación donde existen dos bandos: los míos y los de los sindicatos. Sobran así los preámbulos y cualquier otra manifestación bien intencionada, cuando los hechos hablan por sí solos.
Con algunos matices, el resto de la parte social discrepa igualmente de la posición de la Administración por lo que ésta, de forma unilateral, decide retirar el documento así como su disposición a seguir examinando el resto del texto.
Para USO, no se pierde nada: al borrador le falta un mayor nivel de concreción y rigor pues abundan frases del tipo “Se consideran que deben desarrollarse los siguientes apartados…” o “Se considera de interés que la Dirección General de la Función Pública efectúe un seguimiento…” o “Posibilidad de realizar un seguimiento…” Dejando así muchas cuestiones a la consideración o interpretación no se sabe bien de quien.
A continuación se procedió a analizar el “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL EN LA AGE”, llegando en este caso a un mayor acercamiento entre las posturas de la Administración y de la parte social.
USO rechazó que entre las medidas correctoras de la situación de acoso se pudiera decidir con carácter obligatorio, el traslado provisional de la persona presuntamente acosada, manifestando que en todo caso este traslado debe tener carácter voluntario.
La Administración se comprometió a remitir un nuevo borrador en los próximos días en los que recogiesen las nuevas propuestas.
Por último se hizo una exposición del programa y las previsiones de acciones formativas en materia de prevención en 2011.
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