El Tribunal de Cuentas en su un reciente informe de fiscalización sobre la gestión de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL), ratifica las denuncias que la USO viene realizando sobre el funcionamiento y la asignación de recursos de la mencionada Fundación.
En su informe, el Tribunal de Cuentas que analiza la evolución de 2000 a 2007 y la convocatoria de 2006 en detalle, el Tribunal de Cuentas recalca el carácter discriminatorio y la vulneración de los principios de libre concurrencia de las convocatorias, ya que sólo podían ser solicitantes los miembros del Patronato de la Fundación o de los órganos tripartitos territoriales, es decir, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Excluyendo, así, a cualquier organización social que no sea UGT y CCOO, CEOE-CEPYME en un ámbito como es el de la prevención, negando un derecho fundamental, que afecta a la totalidad de los trabajadores, con total independencia de la afiliación a un sindicato u otro, debiendo de ser una materia abierta en la que hubiese la mayor participación posible y consensuada de todos los agentes afectados, en beneficio de la prevención y el desarrollo de la cultura preventiva.
El Tribunal, coincidiendo con las denuncias de USO, refleja lo viciado del funcionamiento de la Fundación, ya que quienes elaboran la convocatoria, valoran los proyectos y asignan los recursos, son los mismos que los solicitan y ejecutan, en el caso de las organizaciones sindicales más representativas, UGT y CCOO, son “juez y parte” en todo el proceso. Otra de las deficiencias que señala el informe es que los porcentajes prácticamente idénticos de la ejecución de las acciones “denota la existencia de un posible reparto previo, no previsto legalmente, del importe de la dotación inicial aprobada por el Patronato de la Fundación”, vulnerando la libre competencia.
En 2009, la USO presentó proyectos para las Acciones Directas e Indirectas Territoriales, a sabiendas que iban a ser sistemáticamente rechazados, no por lo necesario o la calidad de los proyectos, sino por la regulación restrictiva, limitada y excluyente de las convocatorias. USO ha presentado recursos a cada una de las denegaciones y constatamos que la sospecha que expresa el Tribunal de Cuentas sobre un posible reparto previo, se mantiene en las asignaciones de 2009 en las que UGT y CCOO presentas porcentajes idénticos, el 40% cada uno en las Directas y el 26% en las Indirectas Territoriales. Además en dos de las CC AA donde solicitamos proyectos tenemos constancia de que las reuniones del órgano para la aprobación de proyectos y la distribución de recursos se realizó previamente a la finalización de los plazos de presentación de las solicitudes.
Desde USO exigimos al Ministerio de Trabajo e Inmigración y al Congreso que actúen en consecuencia, fiscalicen y velen porque los fondos públicos destinados a la seguridad y salud laboral y gestionados por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales se distribuyan realmente bajo los principios de transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación, y, que la Fundación cumpla su finalidad de mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, dejando de ser y actuar como una entidad privada.
Para obtener el informe completo http://www.tcu.es/ (Número de informe 880)
En su informe, el Tribunal de Cuentas que analiza la evolución de 2000 a 2007 y la convocatoria de 2006 en detalle, el Tribunal de Cuentas recalca el carácter discriminatorio y la vulneración de los principios de libre concurrencia de las convocatorias, ya que sólo podían ser solicitantes los miembros del Patronato de la Fundación o de los órganos tripartitos territoriales, es decir, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Excluyendo, así, a cualquier organización social que no sea UGT y CCOO, CEOE-CEPYME en un ámbito como es el de la prevención, negando un derecho fundamental, que afecta a la totalidad de los trabajadores, con total independencia de la afiliación a un sindicato u otro, debiendo de ser una materia abierta en la que hubiese la mayor participación posible y consensuada de todos los agentes afectados, en beneficio de la prevención y el desarrollo de la cultura preventiva.
El Tribunal, coincidiendo con las denuncias de USO, refleja lo viciado del funcionamiento de la Fundación, ya que quienes elaboran la convocatoria, valoran los proyectos y asignan los recursos, son los mismos que los solicitan y ejecutan, en el caso de las organizaciones sindicales más representativas, UGT y CCOO, son “juez y parte” en todo el proceso. Otra de las deficiencias que señala el informe es que los porcentajes prácticamente idénticos de la ejecución de las acciones “denota la existencia de un posible reparto previo, no previsto legalmente, del importe de la dotación inicial aprobada por el Patronato de la Fundación”, vulnerando la libre competencia.
En 2009, la USO presentó proyectos para las Acciones Directas e Indirectas Territoriales, a sabiendas que iban a ser sistemáticamente rechazados, no por lo necesario o la calidad de los proyectos, sino por la regulación restrictiva, limitada y excluyente de las convocatorias. USO ha presentado recursos a cada una de las denegaciones y constatamos que la sospecha que expresa el Tribunal de Cuentas sobre un posible reparto previo, se mantiene en las asignaciones de 2009 en las que UGT y CCOO presentas porcentajes idénticos, el 40% cada uno en las Directas y el 26% en las Indirectas Territoriales. Además en dos de las CC AA donde solicitamos proyectos tenemos constancia de que las reuniones del órgano para la aprobación de proyectos y la distribución de recursos se realizó previamente a la finalización de los plazos de presentación de las solicitudes.
Desde USO exigimos al Ministerio de Trabajo e Inmigración y al Congreso que actúen en consecuencia, fiscalicen y velen porque los fondos públicos destinados a la seguridad y salud laboral y gestionados por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales se distribuyan realmente bajo los principios de transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación, y, que la Fundación cumpla su finalidad de mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, dejando de ser y actuar como una entidad privada.
Para obtener el informe completo http://www.tcu.es/ (Número de informe 880)
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