La igualdad es una de las banderas del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, pero en términos salariales, año a año, las diferencias entre los empleados públicos de las distintas Administraciones no han dejado de crecer. Una brecha que todavía se ha acentuado más con el recortazo de las nóminas lanzado desde el Gobierno.
La mayoría de las regiones pagan mejor a sus funcionarios o empleados laborales que el propio Estado. De las distintas categorías que existen dentro del personal funcionarial, las nóminas que ingresa el Estado cierran el ránking en varias de ellas. Un ordenanza o un administrativo que trabaje para cualquier ministerio, cobra, de media, un 30% menos que cualquier colega que lo haga para una consejería del mismo ramo.
Desde el Ministerio de Presidencia, órgano encargado de pactar las retribuciones de estos empleados, aseguran que “todos los trabajadores de las administraciones parten de la misma base salarial. La diferencia reside en los complementos que cada departamento autonómico o local define para sus empleados”. Además, recuerdan que en el período 2000-2009 los funcionarios de la AGE “han mejorado su poder adquisitivo un 3,9%”.
El responsable de FEP-USO, Luis Deleito, asegura que “es muy complicado” conocer ciertamente lo que abonan los consistorios a sus empleados “porque la mayoría optan por abonar horas extra en vez de contratar personal”, algo que no ocurre dentro de la AGE, ya que desde Presidencia aseguran que “el Estado sólo paga productividad”. Incluso, la CEP afirma que algunos agentes autonómicos y locales pueden ganar 90 euros por hora por desempeñar sus funciones fuera de la jornada laboral estipulada.
La alegría con la que las autonomías y los ayuntamientos han dispuesto de sus presupuestos durante la última década, alentados por el boom inmobiliario, se ha dejado notar en incrementos notables del volumen de las plantillas y de sus retribuciones. Mientras, cuerpos como la Policía Nacional o la Guardia Civil, cuyo nivel de exposición es de los más elevados, pasan por restricciones draconianas. El Ejecutivo es perfectamente consciente de este hecho.
En 2008 U.S.O. auspició la creación de una comisión junto con ayuntamientos y regiones para poner coto a las desigualdades retributivas. De momento, no se ha tomado medida alguna para contrarrestar este fenómeno. Y lo que es peor, el ‘recortazo’ repercutirá más en los bolsillos de la Administración central que en las autonomías y los municipios
La mayoría de las regiones pagan mejor a sus funcionarios o empleados laborales que el propio Estado. De las distintas categorías que existen dentro del personal funcionarial, las nóminas que ingresa el Estado cierran el ránking en varias de ellas. Un ordenanza o un administrativo que trabaje para cualquier ministerio, cobra, de media, un 30% menos que cualquier colega que lo haga para una consejería del mismo ramo.
Desde el Ministerio de Presidencia, órgano encargado de pactar las retribuciones de estos empleados, aseguran que “todos los trabajadores de las administraciones parten de la misma base salarial. La diferencia reside en los complementos que cada departamento autonómico o local define para sus empleados”. Además, recuerdan que en el período 2000-2009 los funcionarios de la AGE “han mejorado su poder adquisitivo un 3,9%”.
El responsable de FEP-USO, Luis Deleito, asegura que “es muy complicado” conocer ciertamente lo que abonan los consistorios a sus empleados “porque la mayoría optan por abonar horas extra en vez de contratar personal”, algo que no ocurre dentro de la AGE, ya que desde Presidencia aseguran que “el Estado sólo paga productividad”. Incluso, la CEP afirma que algunos agentes autonómicos y locales pueden ganar 90 euros por hora por desempeñar sus funciones fuera de la jornada laboral estipulada.
La alegría con la que las autonomías y los ayuntamientos han dispuesto de sus presupuestos durante la última década, alentados por el boom inmobiliario, se ha dejado notar en incrementos notables del volumen de las plantillas y de sus retribuciones. Mientras, cuerpos como la Policía Nacional o la Guardia Civil, cuyo nivel de exposición es de los más elevados, pasan por restricciones draconianas. El Ejecutivo es perfectamente consciente de este hecho.
En 2008 U.S.O. auspició la creación de una comisión junto con ayuntamientos y regiones para poner coto a las desigualdades retributivas. De momento, no se ha tomado medida alguna para contrarrestar este fenómeno. Y lo que es peor, el ‘recortazo’ repercutirá más en los bolsillos de la Administración central que en las autonomías y los municipios
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