martes, 02 de marzo de 2010
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, anunció hoy en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que “la última semana de junio estarán en marcha todas las iniciativas acordadas” en el Acuerdo para la Función Pública en el marco del diálogo social. Acuerdo que el Ejecutivo y los sindicatos mayoritarios en la Administración firmaron el pasado 25 de septiembre.
En su comparecencia para explicar las prioridades de su Departamento en materia de Función Pública, Fernández de la Vega destacó que ese Acuerdo, que contiene 50 medidas concretas, es un “buen ejemplo de que se puede hacer frente a la crisis trabajando por una administración más eficiente, abierta, transparente e igualitaria, garantizando los derechos de las trabajadoras y trabajadores”. “Gracias a ese acuerdo tenemos una hoja de ruta para avanzar, gracias a la firme voluntad de diálogo, tenemos la estabilidad necesaria para poder hacerlo. Y gracias a la firme determinación de llevarlo a cabo, cumpliremos, Gobierno y centrales sindicales, el Acuerdo”, remarcó.
En su intervención, la Vicepresidenta Primera también adelantó que, cumpliendo el compromiso del Gobierno con los sindicatos, la última semana de marzo se aprobará el decreto de creación del Observatorio del Empleo Público. Este Observatorio servirá para analizar y elaborar propuestas para “mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública”.
Asimismo, también avanzó que ya está en marcha el grupo de trabajo para el Plan de Reordenación de Recursos Humanos. Un Plan que actuará sobre todos los ámbitos que puedan mejorar el servicio de la administración –planificación, diseño de plantillas, perfiles profesionales, racionalización de horarios y reasignación de efectivos, entre otros-.
También explicó que el Gobierno ha decidido limitar la tasa de reposición de efectivos en un 10% y reducir los costes de personal en un 4% hasta 2013.
Afirmó que si se tiene en cuenta el Acuerdo para la Función Pública, en este momento se están adoptando los trámites necesarios para poner en marcha la gran mayoría de las propuestas que corresponden en exclusividad al Gobierno. Entre otras, citó la delimitación y clarificación de los servicios que se pueden externalizar, la ampliación de la información a la hora de definir el perfil de cada puesto de trabajo, la implantación del Plan de Igualdad y la elaboración de protocolos de actuación en supuestos de acoso, así como la unificación de criterios en materia de responsabilidad y acción social.
Por ello, anunció que el Gobierno va a convocar la Mesa general de Negociación de las Administraciones Públicas el próximo 23 de marzo. “El Gobierno acudirá a ella, como siempre hace, con la mejor de las disposiciones”.
En su comparecencia para explicar las prioridades de su Departamento en materia de Función Pública, Fernández de la Vega destacó que ese Acuerdo, que contiene 50 medidas concretas, es un “buen ejemplo de que se puede hacer frente a la crisis trabajando por una administración más eficiente, abierta, transparente e igualitaria, garantizando los derechos de las trabajadoras y trabajadores”. “Gracias a ese acuerdo tenemos una hoja de ruta para avanzar, gracias a la firme voluntad de diálogo, tenemos la estabilidad necesaria para poder hacerlo. Y gracias a la firme determinación de llevarlo a cabo, cumpliremos, Gobierno y centrales sindicales, el Acuerdo”, remarcó.
En su intervención, la Vicepresidenta Primera también adelantó que, cumpliendo el compromiso del Gobierno con los sindicatos, la última semana de marzo se aprobará el decreto de creación del Observatorio del Empleo Público. Este Observatorio servirá para analizar y elaborar propuestas para “mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública”.
Asimismo, también avanzó que ya está en marcha el grupo de trabajo para el Plan de Reordenación de Recursos Humanos. Un Plan que actuará sobre todos los ámbitos que puedan mejorar el servicio de la administración –planificación, diseño de plantillas, perfiles profesionales, racionalización de horarios y reasignación de efectivos, entre otros-.
También explicó que el Gobierno ha decidido limitar la tasa de reposición de efectivos en un 10% y reducir los costes de personal en un 4% hasta 2013.
Afirmó que si se tiene en cuenta el Acuerdo para la Función Pública, en este momento se están adoptando los trámites necesarios para poner en marcha la gran mayoría de las propuestas que corresponden en exclusividad al Gobierno. Entre otras, citó la delimitación y clarificación de los servicios que se pueden externalizar, la ampliación de la información a la hora de definir el perfil de cada puesto de trabajo, la implantación del Plan de Igualdad y la elaboración de protocolos de actuación en supuestos de acoso, así como la unificación de criterios en materia de responsabilidad y acción social.
Por ello, anunció que el Gobierno va a convocar la Mesa general de Negociación de las Administraciones Públicas el próximo 23 de marzo. “El Gobierno acudirá a ella, como siempre hace, con la mejor de las disposiciones”.
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