Las Organizaciones Sindicales firmantes (Unión Sindical Obrera, Federación Enseñanza de USO, Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria, Unión Sindical Auxiliares de Enfermería, Sindicato Empleados Públicos de Canarias, Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, Federación de Empleados Públicos de la USO, Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, Afiliación Sindical Independiente, Sindicato Independiente del Servicio Exterior del Estado y Asociación de Jubilados y Pensionistas), ante las medidas económicas tomadas por el Gobierno para la reducción del déficit público que afectan directamente a empleados públicos y pensionistas en sus retribuciones, junto con otras medidas que también atañen al conjunto de los trabajadores y dependientes, queremos Manifestar ante los ciudadanos lo siguiente:
La crisis económica no atajada a tiempo por el Gobierno, ha pasado factura de forma dramática: paro, recortes sociales y salariales. El Gobierno ha utilizado la tijera en la parte más débil y controlable de la sociedad civil: empleados públicos y pensionistas. En el sector público, recortando drásticamente los salarios de los trabajadores y congelando las pensiones a los jubilados. Es la única solución que ha encontrado este Gobierno derrochador, para conseguir "liquidez" inmediata, sin pensar siquiera sobre las consecuencias en el consumo y la actividad privada.
Los empleados públicos hemos sido Injustamente tratados ante la opinión pública, como supuesta solución, a costa de nuestras familias, de una crisis económica de la que no somos responsables, pero si pagadores. Recordemos que el origen de la crisis tiene lugar en dos sectores que ahora pretenden “pasar de puntillas” en la factura socio-política: el sector privado dedicado a la especulación, el beneficio fácil, la cuenta de resultados, y el sector político, que cómplices o ineptos, pero siempre irresponsables, dejaron hacer caja a todos estos ámbitos especulativos, de beneficio fácil, o economía sumergida, o bien minimizaron hasta hace meses las consecuencias de su política de negación del mal.
Entre otras muchas soluciones para paliar el grave problema económico, podemos citar algunas, como por ejemplo:
La Administración ha sido incapaz de recortar gastos corrientes, tal como se le han propuesto en repetidas ocasiones: Eliminación de miles de Asesores en el conjunto de la AA.PP., Reducción del 50% de altos cargos y limitar sus retribuciones, Eliminación de Planes Privados de Pensiones y su integración en el sistema público, Reducción de Sueldos de los cargos políticos, Eliminación del conjunto de subvenciones político-sindicales que conceden las diversas administraciones; Recortar el gasto corriente en las AA.PP., Utilización del Software libre en las AA.PP (reduciendo el gasto actual en cientos de millones de euros), Negociación con el objetivo de la contención de salarios más altos, etc.
Combatir el fraude fiscal, de forma seria y rigurosa. Impidiendo que miles de millones de euros queden libres de tributar, tal como reconocen desde la propia AEAT. Incluyendo una reforma fiscal, en la que todos tributemos en relación con los ingresos reales.
Generación de confianza en los mercados para la creación de empleo. No subiendo impuestos como el IVA, que repercute en el consumo familiar de forma directa y esto genera menos demanda, y por lo tanto menos oferta y más paro.
Las medidas tomadas por el Gobierno, suponen un grave quebranto a la economía de millones de familias, empleados públicos y trabajadores del sector privado, ya que las familias afectadas (cónyuges, parejas, hijos o personas dependientes de ellos) están compuestas de trabajadores de todos los orígenes, ámbitos y situaciones (también privados y algunos en paro, lo que agravará su situación familiar general).
Los servicios públicos tienen al 65% de sus trabajadores con cuantías del salario base (que sirve para el cálculo de pensiones, jubilación, viudedad, etc.) por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
Por no hablar de los pensionistas, algunos de ellos con pensiones casi de supervivencia y que en muchos casos, necesitan apoyo económico de organizaciones benéficas.
Los empleados públicos, sean estos bomberos, enfermería, policías, gestores administrativos, judiciales, servicios de limpieza, militares o de los servicios sociales, estamos en número y distribución, donde el Gobierno y la sociedad quiere que estemos. Los servicios públicos no están para generar beneficios empresariales, sino beneficios sociales, y por tanto son ajenos a las políticas especulativas o de crisis financiera; el objetivo que los sustenta es otro: no están ni han estado para generar crisis financieras, pero tampoco para solucionarlas, como remedio a la ineptitud política del Gobierno Eso corresponde a sociedades tercermundistas y corruptas, de las que nuestro país no forma parte, desde hace décadas.
Por todo lo manifestado, instamos al Gobierno que suspenda estas medidas, por injustas e inmerecidas, y busque soluciones a su falta de liquidez, en la banca, los sectores financieros e inmobiliarios, las fundaciones políticas y los círculos amistoso-subvencionados; y en su torpeza fiscal hacia el fraude, la corrupción, la economía sumergida y las fortunas que residen fuera de nuestro territorio, y no en los servidores públicos que hacen su trabajo en hospitales, comisarías, escuelas, juzgados, centros de atención social, ayuntamientos, prisiones, oficinas públicas de todo tipo o fuerzas armadas, etc. sin pensar en pingües beneficios especulativos, pero sin ser castigados en lugar de quienes recibieron ésos beneficios.
En Madrid, a 26 de Mayo de 2010.
Las Organizaciones firmantes :
Unión Sindical Obrera, Federación Enseñanza de USO, Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria, Unión Sindical Auxiliares de Enfermería, Sindicato Empleados Públicos de Canarias, Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, Federación de Empleados Públicos de la USO, Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, Afiliación Sindical Independiente, Sindicato Independiente del Servicio Exterior del Estado y Asociación de Jubilados y Pensionistas.
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