Discrepancias en las cuentas del Fondo de Reserva (nuestra hucha de las pensiones)

La ley que regula el Fondo de Reserva establece que los excedentes de ingresos que tengan carácter contributivo y que resulten de la liquidación de los presupuestos de la Seguridad Social de cada ejercicio se apliquen "prioritaria y mayoritariamente" a la 'hucha', siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema de la Seguridad Social lo permitan, este Fondo de Reserva, ronda los 62.500 millones de euros.
Por lo tanto, el Ejecutivo solo ha cumplido con su deber. El problema es que el Gobierno se jacta de haber aprobado una dotación extraordinaria de 1.740 millones de euros para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la hucha de las pensiones), y tenía que haber inyectado 8.073 millones del superávit de 2008 que, según fuentes del PP consultadas por LD, no se han dotado. De esta forma, más de 6.000 millones de euros quedan en el limbo.
La práctica totalidad de la 'hucha' de las pensiones está invertida en activos financieros públicos por un importe, a precio de adquisición, de 55.568 millones de euros. En esta cartera, además de los emitidos por el Reino de España (73,30% sobre el total), se incluye también deuda no española de Alemania, Francia y Países Bajos (22,70% sobre el total).
Lorenzo Ramírez L.D.

Unificado el sistema de pago de haberes de clases pasivas del Estado

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que unifica los sistemas de pago de los haberes de Clases Pasivas del Estado, cuya regulación anterior databa del año 1981.
La nueva disposición establece el pago de los haberes de Clases Pasivas a través de transferencia directa a la cuenta bancaria que designe el pensionista. Con ello, se eliminan los demás procedimientos de pago regulados en el Real Decreto de 1981, entre los que se recogían el abono a través de habilitado de Clases Pasivas, el cheque nominativo y el talón.
Esta modificación ha sido posible gracias a los cambios y avances obtenidos por los importantes esfuerzos de modernización de la Administración General del Estado en los últimos años. Entre éstos, cabe destacar la realización de oficio, por parte de la Administración, de todo lo relacionado con el proceso de jubilación de su personal, que únicamente tiene que realizar la solicitud de jubilación para que ésta se haga efectiva y reciba el cobro de su pensión en la cuenta bancaria que se designe al efecto.
El Real Decreto establece que los pensionistas que vinieran percibiendo sus prestaciones por medio de cualquiera de los medios de pago que se suprimen podrán continuar haciéndolo, ya que esta norma sólo será de aplicación a las prestaciones que se soliciten a partir de la entrada en vigor del decreto.

Consejo de Ministros 26/02/10

Dotación al fondo de reserva de la Seguridad social de 1.740 millones de €

La "hucha de las pensiones" asciende a 62.500,54 millones de euros y equivale al 5,95 por 100 del Producto Interior Bruto.
Los rendimientos netos producidos por el Fondo alcanzan 10.010,43 millones de euros.
El Consejo de Ministros ha aprobado una dotación de 1.740 millones de euros al Fondo de Reserva de la Seguridad Social con cargo a los excedentes de 2008.
La Tesorería General de la Seguridad Social es la encargada de materializar la nueva dotación de 1.740 millones de euros, que eleva la cuantía del Fondo de Reserva a 62.500.547.349,44 euros. El volumen del Fondo equivale al 5,95 por 100 del PIB que, según datos del Instituto Nacional de Estadística publicados el 17 de febrero de 2010, en base a los datos de Contabilidad Nacional-2000, que para el año 2009, se situó en 1.051.151 millones de euros.
La Ley reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, de 29 de septiembre de 2003, establece en su artículo 1 que los excedentes de ingresos que tengan carácter contributivo y que resulten de la liquidación de los presupuestos de la Seguridad Social de cada ejercicio se aplicarán, prioritaria y mayoritariamente, siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema de la Seguridad Social lo permitan, al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Excedente presupuestario
Actualmente, el importe del excedente presupuestario definitivo de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes del ejercicio 2008, determinado a efectos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social por la Intervención General de la Seguridad Social, se cifra en 10.357,05 millones de euros, que junto con los excedentes producidos desde 1999, sitúa el importe total del excedente a 31 de diciembre de 2008, a efectos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en 64.433,73 millones de euros. Asimismo, las dotaciones aprobadas por acuerdos del Consejo de Ministros hasta la fecha actual ascienden a 52.112,92 millones de euros, incluida la actual dotación de 1.740 millones de euros aprobada hoy.
De la cuantía total que alcanza hoy el Fondo de Reserva, 60.760.547.349,44 euros, antes de materializar la dotación aprobada, 50.379,92 millones de euros corresponden a las distintas dotaciones con cargo a excedentes presupuestarios realizadas desde el ejercicio 2000 hasta el día de hoy; 377,20 millones de euros al exceso de excedentes derivado de la gestión, por parte de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, de la prestación de Incapacidad Temporal por contingencias comunes; y 10.010,43 millones de euros corresponden a los rendimientos netos obtenidos hasta la fecha de hoy por la inversión del Fondo en activos financieros públicos.

Consejo de Ministros 26/02/10

Ampliadas las medidas económicas para favorecer la inclusión social y la lucha contra la pobreza

El Gobierno dotará este año a los ayuntamientos de 737 millones para políticas sociales, de los que casi 300 son para programas destinados a la inclusión social.
Creará un fondo extraordinario de treinta millones de euros para el fortalecimiento de las políticas de inclusión social a través de las ONG´s.
Incrementará en catorce millones la parte del IRPF destinada a los programas de inclusión social.
Introducirá criterios sociales en la contratación pública para dar preferencia en los procesos de licitación a las empresas que tengan en sus plantillas más de un 2 por 100 de trabajadores con discapacidad.
Se aprobará en dos meses un plan para corregir los desequilibrios en la realidad de la población gitana.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Extraordinario de Fomento de la Inclusión Social y la Lucha contra la Pobreza 2010.
La coyuntura económica ha incrementado el número de personas en situación de vulnerabilidad social, por lo que el Gobierno ha decidido establecer nuevas medidas para el presente año que refuercen el Plan de inclusión social para adaptarlo a esta situación.
Las nuevas medidas aprobadas hoy se centran en las siguientes áreas:
1.- La atención directa al ciudadano en riesgo de exclusión a través de ayuntamientos y ONG´s.
2.- El desarrollo del Tercer Sector: entidades no lucrativas como centros de empleo especial, asociaciones, empresas de inserción, cooperativas, fundaciones, etcétera.
3.- Desarrollo de la población gitana.
Ayudas económicas a los a yuntamientos
El Gobierno dotará este año a los ayuntamientos de 737 millones para políticas sociales, de los que casi trescientos millones son para programas destinados a la inclusión social a través de los Ayuntamientos.
Estos programas se centrarán, entre otros aspectos, en:
Apoyo a la inserción sociolaboral de colectivos de bajo nivel de empleo.
Estancias en recursos de la Red de Servicios Sociales: albergues, viviendas tuteladas, centros de acogida, etcétera.
Apoyo socioeducativo a menores.
Planes de ayuda a domicilio para colectivos en riesgo de exclusión social.
Más recursos para las ONGs
Se incrementarán los recursos para la atención a las personas en riesgo de exclusión social a través de las ONG. Para apoyar esta labor se pondrán en marcha medidas como:
La creación de un fondo extraordinario de treinta millones de euros para el fortalecimiento de las políticas de exclusión social a través de las ONG´s.
El incremento del porcentaje y la cantidad de la subvención del 0,7 por 100 del IRPF destinada a los programas de exclusión social. Esto supondrá 205 millones de euros en 2010, catorce millones más que en 2009.
Podrán solicitar el acceso a las líneas de crédito ICO existentes para completar los programas del Fondo Social Europeo.
Desarrollo del tercer sector
El Gobierno ha previsto presentar en los próximos seis meses al Consejo de Ministros el Anteproyecto Ley de Economía Social, que regulará las entidades del Tercer Sector (centros especiales de empleo, empresas de inserción, cooperativas, fundaciones y asociaciones).
Además, adoptará medidas para reforzar las funciones de estas entidades:
Introducción de criterios sociales en la contratación pública para dar preferencia en los procesos de licitación a las empresas que tengan en sus plantillas más de un 2% de trabajadores con discapacidad.
Incentivar la contratación de personas en riesgo de exclusión por parte de las empresas de inserción.
Promocionar el Plan estratégico del Tercer Sector de acción social, aprobado en 2006.
Población gitana
Entre las nuevas medidas aprobadas hoy por el Gobierno destaca la aprobación en un plazo máximo de dos meses de un plan específico para el desarrollo de la población gitana en el período 2010-2012.
Este nuevo plan impulsará las acciones necesarias para corregir los desequilibrios existentes entre la población gitana y el conjunto de la población española. Dichas acciones se centrarán en promover la participación social del colectivo gitano, así como el ejercicio de sus derechos y el acceso a bienes y servicios.
Medidas adicionales
Además de las acciones ya citadas, se han aprobado otras medidas adicionales para favorecer la inclusión y luchar contra la pobreza. Estas medidas incluyen la puesta en marcha de certificados de profesionalidad y la atención preferente a la inserción de las personas con especiales dificultades en las ofertas de actividad, ya sean de empleo, formación, etcétera.
Resultados del plan
Desde su aprobación, este Plan, que ahora se ve reforzado por el Gobierno, ha permitido aumentar las prestaciones sociales en distintos ámbitos como el fomento del empleo, el incremento de los recursos económicos mínimos, la equidad en una educación de calidad, el apoyo a la integración de las personas inmigrantes y la atención a las personas en situación de dependencia.
Algunos ejemplos de estos logros son:
La puesta en marcha de la Estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad, dotada con 3.700 millones de euros.
El incremento en un 5,5 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional.
El aumento de las pensiones mínimas (un 70 por 100 las de viudedad entre 2004 y 2009).
La financiación con 614 millones de euros del aumento de plazas educativas para menores de seis años.
El impulso a la Ley de Dependencia, con más de medio millón de personas atendidas y 2.050 millones de euros destinados a este fin por el Gobierno en 2009.

Consejo de Ministro 26/02/10

El Gobierno opta por la precariedad

El Gobierno ha optado por el camino de incrementar la precariedad en la Administración Pública, antes de incumplir los acuerdos salariales negociados para los empleados públicos en el periodo 2010- 2013.
Es complicado comprender como puede partir del Ejecutivo Socialista la idea de “congelación salarial”, cuando uno de los más críticos con la congelación de los salarios públicos en el 97 realizada por el Gobierno de Aznar (para alcanzar los objetivos de masrtrich), fue el portavoz del PSOE en la Comisión de Administraciones Públicas, Rodríguez Zapatero el cual arremetió duramente contra el Ministro de entonces Rajoy.
La decisión de limitar al 10% las tasas de reposición de los empleados públicos, supone que por cada 10 trabajadores que nos jubilemos sólo contrataran a 1. Una medida similar fue implantada por el Partido Popular , el cual limito la tasa de reposición al 4%, siendo la medida ampliamente criticada por los sindicatos y el PSOE, ya que alegaron que esta medida provocaría un aumento de la precariedad laboral.

Para USO la limitación de la cobertura de vacantes provocará precariedad y mayores costes, puesto que se seguirá contratando bajo cuerda o a dedo y esternalizando servicios, para cubrir las necesidades de los departamentos. Entendemos que las medidas de ahorro son distintas y más variadas que las dos propuestas por la Administración (congelación y reducción de las tasas de reposición) y que este Sindicato ya expuso.

Una medida injusta

Cada vez llegan más "mensajes" y avisos de una posible congelación salarial para los Empleados Públicos, y todo se haría a través de la revisión del acuerdo firmado por UGT, CCOO y CSIF, hace pocos meses.
Desde la USO, debemos manifestar lo siguiente:
 Es una medida injusta con un colectivo, que lleva años con incrementos salariales por debajo del IPC y que ha perdido más de 20 puntos en los últimos 9 años, y que además, no resuelve el grave problema económico que padecemos. Recordemos que este año, a pesar del 0,3 % de subida, partimos con un -0,5 % con respecto al IPC. Esto quiere decir, que nos han bajado las retribuciones ya, en este año 2010.
 El Gobierno no ha adoptado ninguna medida para ahorrar partidas en las AAPP, como desde la USO hemos propuesto (Reducción de Altos Cargos y sus salarios, Contención de Salarios más altos, Eliminación de los Planes Privados de Pensiones en las AAPP, Recortar el gasto corriente, Reducir el salario de los Parlamentarios de todos los niveles, Utilización de Software libre en lugar de utilizar y pagar millones de licencias, etc.). La aplicación de estas medidas que proponemos supone un ahorro mucho mayor que cualquier tipo de congelación salarial.
 Es lamentable echar la culpa de la actual situación económica a los salarios de los empleados públicos, enviando mensajes negativos a la sociedad sobre la función de los trabajadores de los servicios públicos y repitiendo en entrevistas y medios de comunicación que se deben congelar y/o reducir salarios, cuando en muchos casos perciben salarios por debajo de los 700 €/mes.
 Es intolerable la generalización negativa que se hace en el tratamiento del conjunto de los empleados públicos, que únicamente realizan su trabajo de la forma más profesional posible, y que están ahí, porque existen servicios públicos que la propia sociedad ha demandado que se creen. Si no se quieren empleados públicos, será porque no se quieren servicios públicos.
Estamos ante una grave crisis económica, pero esto no justifica medidas injustas.

La USO, no aceptará esta medida de forma dócil y desde aquí, pedimos a TODOS los sindicatos con presencia en las AA.PP. que digamos: ¡BASTA!. Y que a partir de este momento, hagamos un bloque sindical en la defensa de los derechos de los empleados públicos y en contra de esta medida tan injusta.

O se baja el sueldo a los funcionarios, o se reducen plazas y se congela los salarios

"Las retribuciones de los funcionarios han subido el 0,3% en 2010 y, "de momento", no está previsto tocar su sueldo". Con estas palabras la vicepresidenta económica, Elena Salgado, negaba el pasado 11 de febrero en una entrevista a RNE que su departamento ministerial estudiara rebajar los sueldos de los empleados de la Administración.
Posteriormente, el 15 de febrero, Salgado dijo en sede parlamentaria (preguntada sobre la posibilidad de elevar impuestos y congelar salarios a los funcionarios: "España necesita lo que hemos planteado en el plan de austeridad y ninguna de esas dos medidas está incluida en nuestro plan de austeridad". Como en otras ocasiones, Salgado faltaba a la verdad.
La espita ha saltado durante la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, para presentar los datos de ejecución presupuestaria. El número tres de Salgado confirmó que el Gobierno quiere reducir un 4% el gasto en personal del Estado en 2013, que en la actualidad asciende a más de 120.000 millones de euros. Esto quiere decir que el Ejecutivo tiene dos opciones: o baja el sueldo a los funcionarios, o reduce las plazas y congela los salarios."No es lo principal, pero sí está sobre la mesa el revisar esos pactos para hacerlos coherentes el objetivo marcado por el Gobierno", señaló Ocaña. El secretario de Estado señaló que el Gobierno intentará reducir la tasa de reposición (es decir, reducir el volumen de personal público), según informa Europa Press.Ocaña añadió que el acuerdo para la Función Pública, firmado el pasado 25 de septiembre y que contempla un incremento salarial del 0,3% en 2010, se tendrá que revisar en el marco adecuado, que es la negociación con los sindicatos.El objetivo será asegurar que se cubre la reducción del 4% del coste que suponen los empleados públicos y que ha planteado el Gobierno en su plan de austeridad, puesto que lo acordado inicialmente con los sindicatos tiene ahora que adaptarse a lo planteado por el Gobierno para reducir el déficit.