Los primeros despidos masivos de funcionarios tuvieron lugar en España tras la invasión napoleónica, al cesarse a todos los cargos públicos que habían colaborado con José Bonaparte. Con la restauración de Fernando VII en el trono se suceden los vaivenes políticos que tanto han marcado la historia española: un ratito los absolutistas, otro ratito los liberales. A cada uno le seguían los consiguientes ceses de empleados públicos.La consolidación del régimen liberal con la llegada al trono de Isabel II en 1833 supuso a su vez la consolidación de una inestabilidad política crónica. El caso es que por cada cambio de gobierno se ponía en la calle a todos los funcionarios públicos. Nacen así los cesantes, los funcionarios despedidos antes de tiempo. Hubo, al parecer, intentos de parar el fenómeno: Bravo Murillo y O’Donnell lo intentaron en 1852 y en 1866, sin conseguirlo.La inestabilidad política daría lugar, tras mucho bamboleo, al llamado sistema de turnos, ingeniosa solución de Cánovas según la cual los liberales y los conservadores se turnarían respetuosamente en el poder, eso sí, haciendo como que se presentaban a las elecciones. Fue tal vez el periodo más corrupto e ineficaz de la burocracia hispana. La inestabilidad crónica alcanzó su forma más genuinamente española: se institucionalizó. Hasta tal punto que la constitución canovista duraría desde 1876 hasta 1931. Es nuestro record constitucional absoluto: 45 años (la actual de 1978 lleva vigente 31 años) de muy poquita vergüenza política y mucho caciquismo. Eso sí, los despidos de funcionarios se sucederían como el transcurso de las estaciones, paralizando la administración cíclicamente.Hubo que esperar a Antonio Maura (el hermano del bisabuelo de la actriz Carmen Maura) para que, en 1918, se aboliera la cesantía política. Los funcionarios pasaron a ser, inamovibles.
Esas son las razones que explican que la condición de funcionario en España sea vitalicia: se trata de garantizar su independencia política, el que un funcionario pueda negarse a hacer algo sin miedo a los políticos ya que, la administración no está al servicio del partido, ni siquiera del gobierno, sino al servicio de los ciudadanos.
Pero cada vez más los políticos, no se sienten cómodos con una función pública independiente y de mérito. Los grandes partidos quieren un modelo que les permita seguir teniendo una administración de partido, quieren una función pública partidista. Se están creando empresas a nivel local o regional que no tendrían por qué existir, en muchos casos con trabajadores que no han cumplido un proceso de entrada transparente, menos sujeto a controles y que no tiene que pasar por una oposición, de esta manera, el dedazo se está imponiendo como método de contratación en las Administraciones Autonómicas y Locales españolas. Muchos incluso, no están en el registro central de personal.
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