Los sindicatos celebran el 1 de mayo con un récord histórico de paro y el número de desempleados asomándose a la frontera de los cinco millones, tocados por el fracaso de la huelga general del 29-S, cuestionados por su respaldo a la reforma de las pensiones que supondrá una rebaja de las prestaciones y el retraso en la edad de retiro, por la opacidad de su sistema de financiación y el reguero de subvenciones públicas recibidas, por cobrar por la gestión de los ERE o por su controvertida capacidad para hablar por todos los trabajadores cuando el porcentaje de afiliación apenas supera el 17%.
Los líderes de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, recorrerán hoy las calles de Valencia bajo el lema “El empleo con derechos. Contra los recortes sociales”. Lo cierto es que, desde mayo del pasado año, cuando el Gobierno anunció el “tijeretazo social” se han reducido derechos y recortado prestaciones, sin que la labor de los sindicatos haya servido para impedirlo y, en ocasiones, como en la reforma de las pensiones, con el apoyo expreso de las dos centrales mayoritarias, lo que les ha granjeado numerosas críticas a izquierda y derecha. “Los sindicatos no se pueden convertir en un apéndice del Gobierno. No plantan cara a este Ejecutivo y, en la actual situación, no vale mirar para otro lado y ponerse de perfil”, afirma José Vía Iglesias, secretario de Acción sindical de USO, que atribuye esta falta de independencia al modelo de financiación de las centrales mayoritarias.
El estudio La situación sindical, del jurista y ex ministro de Trabajo Fernando Suárez González”, analiza la evolución de las subvenciones concedidas por el Ministerio de Trabajo a los sindicatos en los Presupuestos Generales del Estado desde 1982 para la actividad sindical, que se reparte en función del número de delegados de cada central. En estos años, la cifra se ha multiplicado por tres, al pasar de los 4,8 a los casi 15,8 millones de euros.
En los ocho años de Gobierno del PP, estas subvenciones se incrementaron en un 12,2%. Desde 2004, con la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han engordado un 46% al pasar de los 10,7 a los 15,8 millones de euros, de los que CC OO y UGT acaparan casi el 80%. En 2011, CC OO recibe por este concepto 6,37 millones y UGT más de 6,1 millones de euros.
A esta cantidad se le añaden 4,8 millones de euros que se reparten los agentes sociales por participar en órganos consultivos, de los que 1,18 millones van a parar a UGT y 1,044 millones a CC OO, según los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En 2011, la cifra conjunta de estas dos partidas alcanza los 20,6 millones de euros, la misma que en 2010.
El filón de los cursos
Pero José Vía, de USO, recuerda que la parte del león de la financiación de los sindicatos mayoritarios les llega por las llamadas subvenciones finalistas y, en concreto, de las destinadas a los cursos de formación para el empleo. La partida para formación sectorializada alcanzó los 172,6 millones en 2010 a repartir entre todos los sindicatos a los que se añadieron 21 millones para formación intersectorial.
Si se suman las subvenciones para financiar la acción sindical, la formación y la participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo, sus organismos autónomos y las entidades de la Seguridad Social, la cifra que se reparten los dos sindicatos mayoritarios se acerca a los 204 millones.
CC OO respondió el pasado año a las críticas por la opacidad en las cuentas de las centrales con el documento Financiación y recursos humanos de los sindicatos, publicado en junio de 2010. En él se asegura que “nuestros balances reflejan unos ingresos de 455 millones de euros para gestionar, de los cuales 168 millones corresponden a ingresos propios con los que financiamos nuestra actividad sindical, otros 62 millones se corresponden con operaciones internas entre nuestras organizaciones, que tienen efecto neutro en los resultados al tener su correspondiente correlación en gastos; y el resto a programas subvencionados”.
Según estas cifras, el sindicato gestionó subvenciones por importe de 225 millones. Y es que, según recuerda Luis Vía, a las concedidas por el Ministerio de Trabajo hay que sumar las que reparten el resto de ministerios, comunidades autónomas e, incluso, los municipios.
Pensiones y ERE
Pero las vías de financiación de los sindicatos no se agotan en estas subvenciones. CC OO y UGT participan en la Gestora de Planes de Pensiones (GPP), controlada en un 70% por el BBVA que gestiona los planes de pensiones de los empleados públicos, una actividad que les reportó unos ingresos de medio millón de euros en el último año, según publicó LA GACETA.
Además, participan en la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, donde el Tribunal de Cuentas ha denunciado la existencia de un posible pacto de las dos centrales para repartirse los fondos antes de determinar el contenido de las acciones.
“Las subvenciones son la perversión de la independencia sindical, y se debería ir pensando en eliminar la mayor parte, manteniendo la que se otorga en función de los delegados de cada sindicato”, afirma José Vía, quien añade que “la opacidad” de las cuentas de UGT y CC.OO y sus “malas prácticas, están haciendo un daño gravísimo a la actividad sindical decente”.
El responsable de USO asegura que el 82% del presupuesto de su sindicato se financia con las cuotas sindicales y el resto procede, en su mayor parte, de la subvención que reciben del Estado. “En el caso de UGT y CC.OO los porcentajes se invierten”, afirma.
CC.OO es el sindicato mayoritario del país, con cerca de 1,2 millones de afiliados que abonan unas cuotas mensuales que oscilan ente los 10,85 euros de la cuota general a los 5,5 euros de la reducida (aplicable a pensionistas, parados sin subsidio y estudiantes). Según sus datos, financia su actividad sindical propia con 118 millones de euros.
UGT, con 810.000 afiliados, según los datos de la Confederación Sindical Internacional (CSI), mantiene unas cuotas mensuales para sus afiliados que oscilan entre los 10,40 euros y los 3,10 euros (para jubilados con bajos ingresos y parados sin prestaciones).
Otra fuente de ingresos para las centrales son las labores de asesoría jurídica, incluida su labor en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), donde, según Vía “se embolsan hasta un 10% de la cantidad que los trabajadores obtienen con su indemnización”. El caso de los ERE falsos descubierta en Andalucía ha salpicado a los sindicatos y obligado a CC OO a abrir una investigación interna.
A. Gómez. Madrid
